
Me llega por la prensa la resolución del Tribunal de Apelaciones respecto de la medida cautelar solicitada por la Fiscal Rosés en relación a los imputados por la agresión a mi hijo. La misma es denegada desconociendo absolutamente el incidente del día lunes 7 que tuvimos con quien atropelló con su cuatriciclo a mi hijo.
El fragmento que, como imagen, comparto de la resolución del Tribunal de Apelaciones es clave. Y lo es en tanto desconoce de plano lo sucedido el lunes 7 (dos días después de la agresión de los cuatro imputados), donde no sólo hubo contacto sino que existió nuevamente ofrecimiento de dinero, insultos, acusaciones graves del victimario contra las víctimas (nos acusa de ser quienes lastimamos a nuestro propio hijo para inculparlos, cuando ya las pruebas acusatorias al respecto en su contra eran claras, por cierto) y referencia a las influencias y vínculos que harían torcer la situación, dejando en claro las intenciones y supuestas posibilidades de entorpecer a investigación. Es fundamental este punto final: el agresor nos advierte claramente de sus vínculos con el poder y que los utilizará para revertir el panorama en su contra.
Y todo esto está grabado (o sea, no se sustenta en meras narraciones subjetivas) por cámara del canal 10 y tiene como principal testigo directo al periodista Martín Corujo (también a su cámara, aunque estaba más alejado de los diálogos finales, donde el agresor me ofrece dinero y me advierte sobre sus vínculos. O sea, hay dos testigos directos).
Pasar por alto esta cuestión es muy grave, no sólo en función de la apelación relacionada con la medida cautelar, sino del global de la investigación.
Y bien vale aclarar otro aspecto sustancial: esta situación vivida el lunes 7 con el principal agresor la comuniqué inmediatamente a Fiscalía y al Jefe de policía de Maldonado. Y es por esa situación que tuvimos que tener custodia policial hasta el día que nos fuimos. Y esa grabación del canal 10 salió incluso – en lo que son sus primeros minutos- en Subrayado el mismo lunes 7.
O sea, de esta situación sabía Fiscalía, sabía la Policía de Maldonado, sabía buena parte de la ciudadanía a través de las imágenes de Subrayado (que fueron grabadas, también vale aclarar, a pedido del propio agresor, haciendo pública su imagen, nombre y declaraciones), generó que se nos pusiera custodia policial (desde ese día 7 hasta el día 14 que nos fuimos o sea, incluso más allá de la instancia de formalización del día lunes 11) para preservar nuestra seguridad, dado el riesgo que corríamos, ¿y no sabe el Tribunal de Apelaciones? ¿Cómo puede ser? Es realmente inconcebible que el Juez de Garantías y luego el Tribunal de Apelaciones desconozcan lo sucedido y que incluso, en el caso del Tribunal de Apelaciones, manifiesten abiertamente que “los imputados no tuvieron contacto” y que “Fiscalía ya se habría enterado de los hechos” (y tanto se había enterado que también había solicitado las imágenes al canal 10, según me confirma la propia Fiscalía y según refiere en la propia audiencia de formalización, aludiendo claramente a ese segundo intento de darnos dinero, como elemento evidente de la actitud de entorpecer la investigación).
Es gravísimo tal señalamiento en la resolución del Tribunal de Apelaciones, pues se falta a la verdad de los hechos sucedidos. Espero que sea por un desconocimiento fundado (aunque, repito, esta situación ya era de público conocimiento, incluso por medio de un informativo de alcance nacional y replicada la noticia del hecho largamente por redes sociales y por diversos medios de comunicación).
Seguimos confiando plenamente en la justicia, pero realmente este episodio nos resulta muy desconcertante. Ojalá pueda aclararse rápidamente (más allá de que se mantenga la resolución respecto de la medida cautelar), pues estando en las puertas de iniciar el juicio público y oral, nos resulta fundamental saber que contamos con todas las garantías del debido proceso y de que la justicia toma en cuenta todos los elementos, particularmente cuando éstos tienen la notoria importancia del caso.
Ciertamente, está situación sienta un precedente que nos pone en alerta y nos remite, justamente, a las advertencias que el principal agresor nos realizó en esa situación – no contemplada- del lunes 7. Confiamos en que haya sido un error involuntario y que se aclare en toda su dimensión.











































