
Para quienes trabajamos en el campo de la creación, la supervivencia siempre ha sido un desafío: seguridad social, reconocimiento profesional y defensa del valor patrimonial de nuestro trabajo. La sociedad del conocimiento abrió oportunidades únicas para Uruguay, un país culturalmente alfabetizado y muy interconectado. A comienzos del gobierno de Jorge Batlle participé, junto a colegas del audiovisual, en debates que sumados a la excepción cultural y la Ronda Uruguay del GATT despertaron mi interés por saber más sobre el peso de la propiedad intelectual para los países.
En 2003 el país actualizó su ley de derechos de autor, pero dejó que los lobbies pesaran más que una mirada soberana y de largo plazo. La ley se escribió desde afuera. Entre las pocas voces críticas estuvo la entonces senadora Margarita Percovich, siempre cercana al sector cultural, con quien cuestioné artículos vinculados al audiovisual.
El Plan Ceibal también fue una oportunidad perdida para alfabetizar en derechos de autor. Lo intenté hablando directamente con quienes decidían. Pero cuando una proyecta la política a treinta años, choca con el atraso estructural del país y con dirigentes que siguen como si nada.
Hoy, el cuarto gobierno del Frente Amplio propone impulsar las industrias creativas, pero sin una estrategia de propiedad intelectual asociada. Es una contradicción seria: si el Estado invierte en formación, fondos, subsidios e infraestructura, debe hacerlo con una estrategia clara de retorno y sostenibilidad. Sin PI, no habrá política pública sólida ni trabajo de calidad.
Japón ofrece un ejemplo contrario. Con Hisamitsu Arai como estratega, desde 1996 rediseñó su sistema de patentes, creó una Ley Básica de Propiedad Intelectual, una Oficina específica, más de 270 reformas y formación universitaria en PI. Hoy tiene más de 40 leyes aprobadas y una economía basada en el valor de la creación.
Mientras tanto, Uruguay observa cómo otros países convierten creatividad en desarrollo y empleo. Exportamos talento sin exportar valor. Y eso debe cambiar.
Necesitamos una Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual: transversal, territorial, estable y proyectada al futuro. Brasil, Chile, México y Argentina ya avanzaron. Son parte de los 23 países que entendieron que sin PI no hay economía del conocimiento.
Si queremos industrias creativas fuertes, trabajo calificado y soberanía cultural y tecnológica, debemos asumir que la propiedad intelectual es la infraestructura jurídica del desarrollo en el siglo XXI.
O Uruguay toma este camino ahora, con audacia y proyecto propio, o seguirá perdiendo oportunidades que no vuelven.















































