¿Qué políticas educativas debemos priorizar?

¿Qué políticas educativas debemos priorizar?

Continuando y complementando el artículo de la semana pasada (¿Es posible construir consensos para un Plan Nacional de Educación?), en las siguientes líneas nos enfocaremos en algunos de los puntos que entendemos son necesarios de implementar en este período de gobierno de la educación y que, a su vez, resultan posibles de acordar en lo inmediato con los diversos actores involucrados en esa primera línea de toma de decisiones y puesta en práctica de las políticas educativas (en particular, autoridades y docentes).

Los docentes: la clave

El primero de los puntos parte de insistir sobre un asunto respecto del cual vengo escribiendo desde hace ya un buen tiempo: si el centro de cualquier proyecto educativo es el alumno, el docente es la clave, la llave que nos permite abrir o no la puerta correcta. En la comprensión de esta cuestión radica buena parte de la posibilidad de reformar adecuadamente nuestra educación, que es lo que necesitamos realizar a la brevedad. Tomar otros atajos será perder el tiempo o navegar rumbo a un nuevo fracaso.

A partir de este punto, el trabajar sobre políticas que estimulen a los docentes, que los empuje a seguirse formando como profesionales, a tener la motivación de superarse en su labor, el hacer de los liceos espacios de reflexión e investigación, convirtiendo nuestros centros educativos en comunidades de aprendizaje, es una de las primeras tareas a abordar.

Las coordinaciones docentes, por ejemplo, deben transformarse en espacios de producción de saber y de intercambio de alto nivel profesional, funcionar como ámbitos de formación permanente, que, sin descuidar los aspectos más coyunturales de la institución educativa específica, implique abordajes propios del desarrollo de estudios de profundización, abriendo sus puertas, entre otros, a profesionales universitarios, generando coloquios, mesas de exposiciones e instancias de debates, producción escrita (impulsar una revista arbitrada sería un óptimo complemento), proyectos de investigación a mediano y largo plazo (y que la construcción de esos proyectos sean evaluados y reconocidos también para el avance funcionarial), creando una plataforma de multimedios (web, televisión, radio, redes) basada en los aportes generados (coordinando en este punto con los medios públicos, generando allí grillas que permitan la difusión masiva del trabajo intelectual de los docentes), etc.

Motivar a los docentes para que el envejecer dentro del sistema no sea el único modo de ser reconocido por el escalafón docente es una estrategia necesaria. Convertir las horas de coordinación en espacios de formación permanente es algo que no requiere de una desmedida inversión presupuestal y generaría en poco tiempo un efecto altamente positivo sobre la formación docente en ejercicio. Debemos generar y promover liderazgos pedagógicos de excelencia en nuestro cuerpo docente. Empoderar a las comunidades educativas desde el empoderamiento profesional de los docentes es la tarea número uno, porque es la que determina finalmente la calidad de todo lo otro que pueda ponerse en marcha.

El rol central del Consejo de Formación en Educación

Por supuesto, trabajar sobre la formación docente desde los espacios donde se forman es otro elemento central. Hay que construir con los docentes en ejercicio a la par que con los futuros colegas. La tarea que en tal sentido tiene por delante Patricia Viera, acertadamente designada al frente del Consejo de Formación en Educación, es de primer orden. Volver a dotar a la formación docente de una impronta con acento en la investigación, con el acento en generar profesionales capaces de desarrollarse como intelectuales activos en los ámbitos institucionales donde le toque ejercer (e incluso en los debates públicos que hacen a su campo de desarrollo), de otorgar un verdadero rango universitario a profesores y maestros, es un desafío de primer orden. Se deberá trabajar fuertemente sobre lo curricular y sobre las prácticas que llevan adelante los diversos centros de formación docente, que deben estar atravesados por exigencias y propuestas institucionales que acompasen los desafíos pedagógicos que nos presenta el siglo XXI a la par que ser acordes a una formación de alto nivel académico, cuestión que se ha ido perdiendo en las últimas décadas. El otorgar un rango universitario a los docentes debe estar acompañado de políticas de formación que aseguren el adecuado nivel de grado universitario en el egreso. Que un docente salga con líneas de investigación por desarrollar, con el debido estímulo profesional como para seguir formándose, es un objetivo primordial. Su desempeño cotidiano en el aula será mucho mejor si su mirada va más allá de la lógica estrictamente práctica que entraña esa cotidianeidad.

A la par, sin embargo, deben acentuarse las prácticas estudiantiles en los espacios áulicos, para evitar ese corte entre realidad y formación teórica que suele ser señalado frecuentemente por los docentes recién egresados como otro déficit de su formación. El consabido “no nos formaron para atender esta realidad” puede y debe superarse desde una mayor impronta de estrategias que aterricen al estudiante en la lógica y problemáticas habituales de nuestras instituciones y aulas educativas.

Resumiendo, encontrar el punto de equilibrio, la praxis que logre amalgamar la investigación y la realidad áulica, lo cual supone actualizar aspectos curriculares en su más amplio sentido, es uno de los ejes del trabajo por llevar adelante en formación docente.

En su discurso de asunción como presidente del Codicen, Robert Silva anunció como prioridad la implementación de una Política Nacional Docente. Aplaudimos tal señalamiento, en absoluto acuerdo de que es un camino a recorrer desde el primer día. También su referencia al desarrollo de una política curricular (que coincide con lo aquí señalado respecto de la formación docente, pero que fue planteada con un mayor alcance en el discurso del jerarca) es otro elemento de fuerte concordancia. Y en tal sentido vale señalar que ambos puntos no resultan ser un problema en cuanto a concordar con la amplia mayoría de los actores involucrados. Quienes conocemos el territorio docente desde sus entrañas tenemos presentes que estos son reclamos habituales de nuestro cuerpo profesional.

Políticas de desconcentración y descentralización

En segunda instancia, entendemos que debería priorizarse el fortalecimiento de políticas de oportunidades e inclusión a nivel nacional, dando un verdadero salto desde la macrocefalia montevideana hacia el interior del país. Quienes tenemos la suerte de haber recorrido el país desde roles educativos y culturales, de haber generado lazos e intercambios con docentes y autoridades educativas tanto de grandes ciudades como de pequeñas localidades de nuestro Uruguay, tenemos bien presente la necesidad de brindar una mayor oferta de carreras, de formación permanente, de autonomías vinculadas a tomas de decisiones que hacen a la particularidad del contexto, de lograr que los jóvenes del interior puedan desarrollarse en aquellas orientaciones profesionales que les interesen (o generar el interés a partir justamente de ser colocadas en su horizonte de posibilidades) sin el peso de tener que irse de su departamento o de su región más cercana. Parte de la justicia que un sistema educativo debe garantizar radica en la protección de los derechos culturales al acceso educativo más amplio, de mayor trayectoria posible (y en las mejores condiciones posibles) de todos los jóvenes de nuestro país, sin distinción alguna. Cortar definitivamente con la brecha de desigualdad respecto de las posibilidades entre un estudiante nacido en la capital o en el norte radica también en avanzar en una efectiva descentralización de nuestro sistema educativo. Desconcentrar respecto de Montevideo, ampliar la oferta educativa en el interior, es un proceso sobre el cual se ha avanzado en los últimos años, pero que todavía está lejos de concretarse adecuadamente.

Alcanzar grados de descentralización en su sentido más amplio, o sea, remitiendo a la capacidad de otorgar la mayor capacidad de autonomía posible a las comunidades educativas que, en diferentes niveles y subsistemas, conforman la educación pública uruguaya, debería ser una meta ineludible del quinquenio iniciado.

Desburocratizar nuestro sistema educativo, erradicar la absoluta dependencia de la esfera central (articulando y coordinando con ella, claro, pero no dependiendo en un todo), dotar a los centros educativos de determinados niveles de capacidad de decisión, de gestión institucional, de autonomía pedagógica, son ítems sobre los cuales debemos avanzar, particularmente en el marco del acompañamiento de políticas que profundicen en la profesionalidad de los docentes y equipos directivos. Un modo de jerarquizar nuestra tarea es concebir un sistema educativo que nos permita pensar y hacer, reflexionar y gestionar, producir ideas y ponerlas en marcha, analizar nuestros contextos e intervenir en ellos para mejorarlos, generar proyectos institucionales y ejecutarlos, en el marco de comunidades pedagógicas fortalecidas que validen el accionar, que legitimen los consensos alcanzados entre docentes y equipos directivos. Descentralizar es un modo de alcanzar la mayoría de edad y de confiar en la madurez y solidez intelectual de nuestros profesionales de la educación.

Quedan varios puntos por analizar, por proponer a las autoridades, por proponer a nuestros colegas, por poner a consideración de todos aquellos que estén interesados en el futuro de nuestra educación, pero queríamos en estas líneas (ya le sucederán otras) plantear al menos algunos de los que consideramos ineludibles a la par que posibles de consensuar en lo inmediato.

Sigamos pensando juntos, para que el momento de la toma de decisiones nos encuentre convencidos del camino a tomar y fortalecidos desde la legitimación que -a las partes involucradas- otorga la participación en las diversas etapas del proceso de transformación iniciado.