
No te engañes, lector. Lo que el país vivió el 18 de octubre de 2019 no fue más que un día de violencia, saqueo y destrucción. Hace dos años la justificación de la barbarie que destruyó Chile, fue “la histórica injusticia social” que hacía necesario una revisión de las estructuras sociales políticas y económicas del país. El plebiscito que culminó con la aprobación de una nueva Constitución Política, fue producto del miedo, la presión y las funas, provocadas por los vándalos y delincuentes amparados en el populismo exacerbado de políticos de extrema izquierda, como el Partido Comunista y otros descolgados de otras tiendas políticas, que vieron la oportunidad de salir del pantano donde se encontraban, como la Democracia Cristiana, Partido Socialista y el Frente Amplio del actual candidato Gabriel Boric.
Dos años han transcurrido desde aquel fatídico día. Es cierto que el país necesita cambiar muchas cosas para alcanzar reales niveles de desarrollo y progreso para todos los chilenos. Necesita con urgencia mejorar los niveles de educación, salud y justicia social, así como el acceso a una vivienda y una pensión dignas. Ninguna de estas carencias, ni otras, surgieron mágicamente hace dos años. Chile padece de estos males vergonzosos desde hace décadas. Pero también es cierto que la vida de los chilenos ha mejorado en los últimos treinta años, luego del retorno a la democracia.
¿Por qué, entonces, destruir el país? ¿Cuál es el sentido, no ya de esta ola incontrolable de violencia y destrucción, sino de este maremoto que arrasó con el Metro, buses, hospitales, museos, cuarteles policiales, compañías de bomberos, universidades, supermercados, pymes, pequeños negocios callejeros, plazas y calles de las ciudades de Chile, y las propias ciudades? ¿Cómo es posible que políticos del Congreso Nacional y de la discutida Convención Constitucional, hayan justificado esta destrucción masiva del propio país que habitan? Y lo más incomprensible aún, ¿cómo es posible que estos políticos sigan apoyando esta violencia y pidiendo a gritos desde sus templos privilegiados, la liberación de los delincuentes causantes de tanto destrozo y que ellos llaman “presos políticos? En Chile no hay presos políticos.
¡Qué te pasó, Chile!, se pregunta asombrado el mundo. Y estos políticos, con sueldos millonarios, amparados en su fuero político y parlamentario, gozando de todos los injustos privilegios de leyes por ellos mismos escritas, aparecen a diario en los medios hablando de injusticias, de atropellos a los derechos humanos, a los pueblos originarios, a las minorías de todo tipo, cuando ellos mismos (y ejemplos de sobra hay en cada uno de estos grupos), son los emblemas de estas mismas injusticias y de estos mismos atropellos que denuncian en los otros, en los que para ellos, el país debe exterminar de cualquier modo.
Eso te pasó, Chile. Estos grupos radicales polarizaron el país. Lo dividieron en “buenos y malos”. Los buenos son aquellos que defienden la violencia y destrucción como camino para alcanzar los cambios políticos, sociales y culturales que todos los chilenos queremos, y que se han ido logrando aunque no con la rapidez que todos quisiéramos (y no se culpe a la sociedad por ello, pues son ellos mismos los que tienen las leyes en sus manos). Los malos son los que condenan ese camino de violencia y destrucción, los que desean vivir en paz y en orden. Los que piensan, en definitiva, que el camino del progreso y la justicia se alcanza a través del diálogo y los acuerdos. No a través de la destrucción y la muerte.
A dos años del mal llamado estallido social, el país se encuentra próximo a sus elecciones presidenciales que escogerá al nuevo presidente del país. No será fácil para quien llegue a La Moneda, pero se espera del que sea, que en él prime la cordura y la sapiencia para gobernar un país destruido física, psicológica y moralmente por delincuentes, vándalos y terroristas apoyados por políticos de mala clase, ambiciosos de poder y dispuestos a todo con tal de conseguir sus espurios propósitos.













































