
Alejandro Dolina, una de las voces y plumas más destacadas del país, suele decir que a pesar de distintas adversidades, desdichas y frustraciones, al menos el universo presenta dos buenas noticias: el amor y el conocimiento.
Precisamente, ambos postulados del conductor del icónico ciclo radial La venganza será terrible aluden de, de algún modo, a los conceptos que forman la palabra filosofía, cuya etimología en griego antiguo da cuenta de ese vínculo (philos: amor; sophia: sabiduría).
La sociedad argentina, acostumbrada a pensarse en términos de derechos a partir del renacer democrático en 1983, concibe a la cultura como un rasgo esencial de su patrimonio intelectual, político y social. Es decir, va más allá de un entretenimiento opcional.
Por eso, los recortes presupuestarios previstos por el nuevo gobierno de Javier Milei generan un peligro que requiere estar en alerta.
Las producciones de libros, las realizaciones cinematográficas, las composiciones musicales, así como también los centros vecinales, municipales, provinciales y nacionales, que fomentan actividades referidas al arte y la cultura necesitan de recursos económicos para subsistir.
No es menor este asunto en un contexto de crisis, violencia y abandono, problemáticas en definitiva trascendentales a todo gobierno, siendo todavía deudas de una democracia con debilidades.
Concebir a la cultura como un conjunto de actividades que generan déficit es una falacia capaz de esconder una verdad de fondo: la imposibilidad de expandir mensajes críticos y contestatarios, incluso hasta desestabilizadores, contra las injusticias, el dolor o la ignorancia, que se presentan irreverentes ante el status quo, representados en este caso por políticas excluyentes.
En este escenario, se presenta un conflicto de doble dimensión: por un lado, la de activistas y referentes culturales, contestarios ante el avance de leyes que recortan sus posibilidades y los dejan sin empleo; por el otro, la de un oficialismo que no da marcha atrás y opone una contraofensiva al reducir el gasto público, pretendiendo callar voces críticas y cuestionadoras del poder.
La industria toma cartas en el asunto y juega fuerte en esta contienda. Por caso, actores, músicos, escritores y otros protagonistas del mundo cultural, hacen circular solicitadas y filman audiovisuales para defender los derechos adquiridos. De manera más humilde, los sectores independientes y autogestionados también hacen lo suyo, ganando las calles y visibilizando las consecuencias que ya está generando este desmantelamiento.
Desde el gobierno afirman que no hay dinero y que la disyuntiva pasa por garantizar comida o no a toda la población, siendo prioridad el derecho al alimento antes que otro tipo de iniciativas no consideradas esenciales.
Por ese tipo de disputas se necesita un Estado intervencionista; de lo contrario, quedan entregadas a la suerte del libre mercado propuestas que no pueden competir.
Y si bien hay acuerdo en concebir a la alimentación como un derecho primario, también es verdad que siempre será más accesible y efectivo defender y propagar la cultura, un aspecto sumamente valioso porque crea lazos, inspira vocaciones y, por ejemplo, puede rescatar a millones de pibes de la calle.




































