Colombia: destrucción y muerte

No es que Colombia haya vivido en una taza de leche. Lejos de vida tan apacible. Es cierto que el acuerdo de paz con las FARC y todo su proceso el 2016, significó que se abrieran las compuertas de demandas y problemas inexistentes debido al continuo enfrentamiento del país con estas fuerzas terroristas y revolucionarias. Con todo, tampoco su vida cotidiana era un infierno hasta ahora, a pesar de que el país ya había vivido manifestaciones similares en diciembre de 2019, cuando el Congreso había aprobado en primer trámite una reforma tributaria, que a juicio de la ciudadanía no satisfacía las aspiraciones de justicia e igualdad.

Pero hoy la realidad es bien diferente, pues con los movimientos sociales llegaron la destrucción y la muerte. Una furia acumulada por décadas por un pueblo no acostumbrado a este tipo de manifestaciones violentas, la crisis económica y social agravada por la pandemia y los eternos conflictos con el narcotráfico y los conflictos fronterizos con Venezuela, explotaron una bomba político-social que permanecía silenciosa pero activa. Y aunque el gobierno retiró el proyecto que motivó la movilización ciudadana, esta adquirió tal fuerza que tiene literalmente en jaque a La Casa de Nariño.

Es cierto que el Estado mantuvo una guerra con las FARC durante sesenta años, pero fue el Estado con sus Fuerzas Armadas y policiales, no el ciudadano común que camina por las calles de Bogotá, Cali o Medellín. La violencia con que lidiaba este ciudadano era la violencia delictiva, como en cualquier ciudad del mundo, y la violencia que nace del narcotráfico que destruye vidas y democracias. Violencia en la que el ciudadano común tiene poco o nada que hacer, a no ser reclamar de las autoridades mayor eficacia y esfuerzo a la hora de enfrentar a unos y otros. Porque la seguridad pública sí es obligación del Estado y exigirla es derecho del ciudadano.

Lo que ocurre ahora, sin embargo, es que el poder político no solo debe solucionar el conflicto social propiamente tal, y que tiene que ver con demandas laborales, educacionales y de salud, esencialmente, sino también con el lumpen que suele aparecer cuando de movimientos masivos se trata y que no es necesariamente el delincuente común que, agazapado, espera a su víctima. Fenómeno que los chilenos conocemos muy bien. Esta realidad, si no es controlada a tiempo, comienza a socavar los legítimos movimientos sociales y a destruir las necesidades y demandas de la propia lucha social que los generaron. Los veinte muertos a la fecha más el centenar de heridos, destaparon las protestas mundiales contra el gobierno, con las demandas ahora de los organismos y gobiernos internacionales.

Cuando los muertos aparecen en las manifestaciones sociales, las fronteras de los acuerdos se distancian irremediablemente, no solamente entre gobierno y sociedad, sino también entre gobierno y oposición y, lo que es más grave aún, entre el propio gobierno. Lo primero que debe hacerse, a mi juicio, es limitar la capacidad de acción del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la unidad policial más cuestionada por su violencia represiva, como se hizo en las manifestaciones de 2019. Vale la pena recordar que la situación de la policía chilena se hizo compleja sin muertes de por medio; es de imaginarse en qué pie se encuentra la policía colombiana en estos momentos con todas esas muertes; lo segundo, por lo tanto, es encontrar a los responsables de esas muertes y llevarlos a juicio.

Como tercer punto, me parece que los políticos deben comprender que los problemas que vive Colombia no son solo del gobierno que dirige Iván Duque, sino de todos ellos. Más aún ahora que las demandas por justicia cruzaron los límites de lo social para situarse en el terreno siempre escabroso de lo penal. Ante una situación tan dramática como la que vive el país, solo una unidad política nacional que acoja las demandas sociales tanto en su inmediatez como aquellas que requieran de un tiempo mayor (pero que no se pierdan en el tiempo), aminorará la furia desatada que conduce al descontrol callejero, donde a río revuelto, ganancia de pescadores.

Finalmente, es indispensable que esta clase política junto con los liderazgos sociales y estudiantiles, la justicia, el periodismo y las redes sociales, identifiquen, detengan, enjuicien y condenen a quienes lideran la destrucción y el saqueo de las ciudades. Colombia debe aprender de Chile, no siguiendo su ejemplo de silencio y connivencia, porque se convertirá en un segundo Chile. Los colombianos deben aprender a distinguir con claridad movimiento social de movimiento delictual, y no hacer la vista gorda como lo hicieron varios partidos políticos chilenos y los mencionados entes sociales, permitiendo que la crisis social se convirtiera en dramática secuencia diaria de atentados contra la paz ciudadana y la inestabilidad democrática.

Cuando la tranquilidad ciudadana se pierde a manos de elementos sin ley y sin alma, las ciudades quedan a merced del delincuente común, del terrorismo y del narcotráfico. Entonces se resquebrajan sus instituciones y la democracia tambalea. No creo que los colombianos quieran esto. Por eso, un acuerdo general, transparente, honesto en consecuencia, que comience por castigar a los responsables de esas muertes e inicie el camino de recomponer la justicia social y la igualdad que los colombianos se merecen es, en realidad, el único camino para que Colombia no se convierta en Chile. No será un proceso fácil, porque las manifestaciones sociales continuarán por un largo tiempo; pero demore lo que demore, la cordura tanto de un lado como de otro no debe perderse jamás. Ella debe ser el norte que oriente a los colombianos para preservar la paz y la democracia.

Imagen portada: Manifestación Embajada de Colombia – Montevideo – Uruguay – Mayo 2021 – Foto © Vanni Gonzo