La deuda que no existe, pero organiza el mundo

Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima rumbo a Nueva York – Fuente wikipedia.org

3 de enero: cuando la violencia dejó de ser excepción y mostró su forma de mundo

Hay días que no solo marcan un antes y un después: revelan lo que siempre estuvo allí. La madrugada del 3 de enero fue uno de esos momentos. No inauguró la violencia imperial sobre Venezuela; la hizo visible. No creó la asimetría diplomática; la expuso. No produjo la deuda moral que Estados Unidos reclama desde hace años; la actualizó con una crudeza que ya no permitía leer los hechos como episodios aislados. Lo que vimos esa madrugada, el bombardeo, la captura del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, la opacidad inmediata, no fue un estallido. Fue la puesta en escena de una arquitectura que llevaba años operando escondida.

Esa madrugada no abrió un conflicto: abrió una pregunta. Una pregunta que no es nueva, pero que rara vez se formula sin mediaciones. ¿Qué sucede cuando la violencia total deja de ser excepción y se muestra como forma de mundo? El 3 de enero no fue un punto de quiebre, sino un punto de revelación. Por unas horas, la violencia total, esa forma de violencia que no necesita justificarse porque se presenta como restauración del orden, quedó expuesta en su funcionamiento más puro. Y en esa exposición, lo que emergió fue la gramática que organiza la relación entre América Latina, el Caribe y el orden imperial global desde hace siglos.

Hay deudas que no se pueden pagar porque nunca existieron. No están en ningún contrato, no aparecen en ningún balance, no tienen acreedor identificable. Sin embargo, organizan el mundo. Funcionan como una gramática silenciosa que define quién debe obedecer, quién puede decidir, quién tiene derecho a intervenir y quién debe justificar su existencia. América Latina y el Caribe han vivido bajo esa forma de deuda desde el inicio de la modernidad: una deuda moral, imaginada, que se renueva cada vez que un país intenta ejercer soberanía fuera de los límites que el orden global considera aceptables.

Esa deuda no es económica, aunque se exprese en términos económicos. Es ontológica. No se refiere a lo que un país hizo, sino a la posición que ocupa dentro del orden colonial moderno, un orden que decide de antemano quién puede ejercer soberanía plena y quién debe justificar cada gesto. Y por eso es tan eficaz: porque no necesita pruebas, solo necesita repetirse. Es eficaz para sostener un orden global que clasifica, jerarquiza y disciplina. Y es eficaz para quienes administran ese orden, porque convierte cualquier gesto de autonomía latinoamericana en una falta que debe ser corregida. Cada cierto tiempo, el mundo recuerda a la región que debe algo: disciplina, alineamiento, obediencia, moderación. La deuda imaginada funciona como un recordatorio permanente de que la soberanía de América Latina y el Caribe es tratada como condicional.

La deuda impagable

La modernidad nació con un doble movimiento: la expansión imperial y la clasificación de los pueblos. Desde el siglo XVI, América Latina fue construida como territorio deudor, deudor de civilización, deudor de orden, deudor de disciplina. Esa deuda imaginada justificó conquistas, tutelas, intervenciones y protecciones que nunca fueron neutrales.

En el siglo XIX, la doctrina Monroe convirtió esa deuda en política hemisférica. Estados Unidos se asumió como garante del orden continental y, por tanto, como acreedor moral. La región debía estabilidad, previsibilidad, obediencia. Cada intento de autonomía era leído como desviación.

En el siglo XX, la Guerra Fría actualizó esa deuda en clave ideológica. Mucho antes de la Revolución, Cuba ya era tratada como parte del patio trasero de Estados Unidos, un territorio cuya soberanía estaba limitada por la Enmienda Platt y por décadas de tutela política y militar. La llegada de Fidel Castro no creó esa relación asimétrica: la interrumpió. Y esa interrupción fue leída como una falta colectiva. La población cubana pasó a ser presentada como un cuerpo político que había roto el orden hemisférico y debía ser devuelto a su lugar.

La invasión de Bahía de Cochinos en 1961 fue el primer intento de corregir esa “desviación”. Y un año después, la Crisis de los Misiles mostró hasta qué punto Cuba no era tratada como un país soberano, sino como un espacio negociable entre potencias. La posibilidad de una guerra nuclear se evitó por las conversaciones entre Nikita Jrushchov y John F. Kennedy, sin que la voz cubana fuera considerada parte legítima de la decisión. Las sanciones, los bloqueos y las presiones posteriores no se presentaron como castigos, sino como mecanismos de restitución: devolver a Cuba al lugar que, según esa lógica, debía ocupar.

La deuda imaginada se convertía así en un dispositivo de ordenamiento global.

Venezuela y el límite de lo permitido

En Venezuela, la nacionalización administrada de Carlos Andrés Pérez en 1976 fue celebrada como un acto de afirmación soberana, pero dentro de un marco cuidadosamente delimitado. La industria podía pasar a manos del Estado, siempre y cuando no se alterara la arquitectura global del petróleo ni se cuestionara la primacía tecnológica, financiera y geopolítica de las corporaciones estadounidenses que habían operado durante décadas como soberanías de facto sobre el subsuelo venezolano. La nacionalización fue posible porque no modificaba la estructura profunda del orden petrolero mundial: el flujo de renta, la dependencia tecnológica, la orientación exportadora y la inserción subordinada en el mercado global permanecían intactas.

Desde mediados del siglo XX, Venezuela había sido presentada como un “productor confiable”, una categoría que no describía su capacidad técnica, sino su alineamiento político. La estabilidad democrática, la cercanía con Washington y la apertura a las compañías extranjeras funcionaban como garantías de que el país no se desviaría del lugar que se le había asignado en el orden hemisférico. La soberanía era tolerada mientras no se ejerciera plenamente.

La reforma petrolera de 2001 rompió ese pacto tácito. Por primera vez desde 1976, el país intentó ejercer soberanía plena sobre su recurso estratégico, no solo en términos económicos, sino en términos políticos. La nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos elevó regalías, redefinió la relación con las transnacionales y devolvió al Estado el control efectivo de la producción. Fue un gesto que alteró la arquitectura global del petróleo y que, en la lógica de la deuda moral impagable, fue leído como una falta. La reacción fue inmediata: advertencias diplomáticas, presiones financieras y la construcción mediática de un país “ingobernable” funcionaron como recordatorios de su lugar.

Esa lectura no desapareció con el paso de los años. Se profundizó. Cada intento de Venezuela por ejercer autonomía energética o política fue interpretado como una desviación que debía corregirse. Y esa lógica alcanzó su expresión más extrema el tres de enero, cuando el bombardeo y la captura del presidente Nicolás Maduro actualizaron la deuda moral en clave de violencia total. La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta fue una de las primeras respuestas internas a esa violencia: una reacción institucional inmediata frente a un acontecimiento que desbordó el tablero político y puso en evidencia que la soberanía venezolana seguía siendo tratada como condicional.

Pero no fue la única respuesta. En los días siguientes, el país aprobó una reforma legal acelerada, concebida como un intento de restituir capacidad de decisión en medio del vacío creado por la intervención. Esa reforma, casi inmediata al bombardeo, mostró hasta qué punto la violencia total no solo altera el orden político, sino que obliga a reorganizar el marco jurídico en tiempo real. Fue un gesto defensivo en un escenario donde la intervención externa se presentaba como corrección y no como agresión. En esa reacción legal se hizo visible la dimensión más profunda de la deuda moral impagable: su capacidad para producir cambios internos que no responden a la voluntad del país, sino a la presión de un orden global que lo sigue tratando como deudor.

El tres de enero como actualización de la deuda

El tres de enero actualizó esa deuda de manera brutal. No fue un episodio aislado ni un exceso diplomático. Fue la reactivación de una gramática antigua: la idea de que Venezuela había cruzado un límite y debía ser devuelta a su posición correcta dentro del orden hemisférico. El presidente Trump lo dijo sin rodeos al justificar el bombardeo: Venezuela tenía una deuda con el orden dictado por Estados Unidos, una deuda de comportamiento, de alineamiento, de obediencia. No era una deuda económica, sino una deuda moral impagable que, según su narrativa, autorizaba la acción militar. Y, sin embargo, era presentada como una deuda económica, como si el país hubiera incumplido obligaciones financieras, contractuales o administrativas que justificaban la intervención. Ese desplazamiento, convertir una falta política y ontológica en un supuesto incumplimiento económico, es parte del mecanismo que sostiene la deuda moral. La vuelve verosímil, cuantificable, casi técnica. Pero lo que estaba en juego no eran cifras, sino la posición que el país ocupaba dentro del orden hemisférico.

Esa declaración no fue un exabrupto. Fue la verbalización explícita de una lógica que llevaba años operando y que se había intensificado desde la reforma petrolera de 2001. La idea de que Venezuela debía algo no surgió en enero: venía acumulándose en discursos, sanciones, advertencias y operaciones encubiertas que presentaban la autonomía venezolana como una desviación que debía corregirse. El tres de enero no inauguró esa lectura: la llevó a su extremo.

La violencia total, esa forma de violencia que no necesita justificarse porque se presenta como restauración del orden, se hizo visible en un solo gesto. El bombardeo no fue descrito como agresión, sino como restitución. La captura del presidente no fue presentada como ruptura del derecho internacional, sino como un acto necesario para corregir una desviación prolongada. La narrativa imperial no se limitó a explicar el ataque: lo enmarcó como cumplimiento de una obligación que Venezuela habría incumplido durante años.

Y en esa operación discursiva se reveló algo más profundo: la soberanía venezolana no era tratada como un atributo político y jurídico, sino como una concesión revocable. La intervención no se justificó en hechos concretos, sino en una posición ontológica: Venezuela había dejado de comportarse como un país confiable y, por tanto, debía ser disciplinada. La deuda moral impagable operó como marco interpretativo y como autorización tácita.

El tres de enero mostró, con una claridad que pocas veces se ve en la política internacional, que la violencia total no es un exceso, sino una herramienta del orden global. No se trataba de un conflicto bilateral, sino de una operación destinada a reinstalar jerarquías históricas. El mensaje era inequívoco: cuando un país del sur intenta ejercer soberanía plena, el orden global se reserva el derecho de intervenir, corregir, castigar o sustituir.

La captura del presidente, la asunción inmediata de Delcy Rodríguez y la reforma legal petrolera acelerada que siguió no pueden leerse fuera de ese marco. Fueron respuestas internas a una intervención que no solo buscaba alterar el gobierno, sino reinstalar la posición de Venezuela dentro de una arquitectura colonial que sigue operando bajo nuevas formas. El tres de enero no fue solo un ataque: fue la actualización más reciente de una deuda que no existe, pero organiza el mundo.

El tablero político después del tres de enero

El bombardeo y el secuestro no solo expusieron la arquitectura imperial. Reconfiguraron el tablero político venezolano. La oposición quedó dividida entre dos posiciones difíciles de conciliar. Por un lado, sectores, sobre todo en el exterior, que habían llamado a la intervención y que siguieron viéndola como una oportunidad política. Por otro, una oposición nacionalista que, ante el bombardeo y la violación abierta de la soberanía, comprendió que la violencia total no distingue aliados de adversarios y que, en contextos así, termina reforzando el nacionalismo. Pero esa comprensión no surgió el tres de enero. Era una lectura que venía formándose desde hacía años, sostenida por sectores que defendían una política independiente como parte de su acervo político e histórico. Lo que cambió con el bombardeo fue el lugar que ocupaban esas voces. La violencia total abrió un espacio inesperado para que sus posiciones pudieran ser escuchadas en un país que buscaba orientarse en medio del desconcierto. El chavismo, por su parte, se replegó en una narrativa de resistencia que encontró eco en sectores que hasta entonces se mantenían distantes. El país quedó atrapado en la necesidad de interpretar un acontecimiento que desbordaba las categorías habituales de la política nacional.

La intervención militar del 3 de enero no solo produjo un reacomodo; impuso un marco. La violencia total obligó a todos los actores a redefinir su posición frente a un hecho que excedía cualquier disputa interna. La oposición externa quedó atrapada en una lectura instrumental de la intervención, confiada en que el quiebre del orden abriría una oportunidad política. La oposición interna, en cambio, no necesitó descubrir nada nuevo: siempre había entendido que la soberanía no es un asunto partidista, sino la condición mínima para que exista política en absoluto.

En ese cuadro, el chavismo quedó situado en un lugar paradójico y decisivo: no como un actor que “defiende al gobierno”, sino como el bloque que había construido históricamente una lectura de la soberanía como cuestión estructural y no coyuntural. La violencia total no hizo que el chavismo cambiara de posición; hizo que esa posición, antes disputada, incluso ridiculizada, se volviera el punto de referencia obligado para todo el campo político.

La intervención redujo la política a su horizonte más elemental: la necesidad de sobrevivir como país. No solo fracturó posiciones; reinstaló un marco en el que la defensa del territorio y de la población se convirtió en el punto de partida de cualquier discusión, incluso para quienes buscaban disminuir la polarización o evitar que el conflicto escalara. La violencia total no reorganizó preferencias: reorganizó las condiciones mismas de posibilidad de la política.

La deuda que no existe, pero organiza el mundo, opera así: no necesita pruebas, solo necesita repetirse. Cada vez que un país latinoamericano o caribeño intenta ejercer soberanía plena, la deuda imaginada reaparece como advertencia. No es un mecanismo económico, sino una tecnología de gobierno. No busca cobrar nada, sino mantener un orden. El tres de enero mostró que esa deuda sigue activa. Pero también reveló algo más: que su eficacia depende de que se acepte como natural, como si formara parte del orden del mundo. Cuando un país se atreve a nombrarla, a historizarla, a mostrar su carácter imaginario, la deuda pierde parte de su poder. La violencia total necesita silencio para operar de forma oculta. Necesita que la deuda parezca real, que permanezca fuera de la vista, funcionando precisamente porque no se reconoce como lo que es. Nombrarla no resuelve el problema, pero desplaza el marco desde el cual la soberanía puede situarse de otro modo, abriendo un horizonte distinto para pensar lo posible.