Me gustan los estudiantes

imagen publicada por el periódico Liber Arce, 6 de agosto 2026

Luego de 41 días de ocupación, se logró. Fue suspendida la implementación del establecido por la Resolución 3009/025.

El llamado plan de “titulación express” habilitaba un mecanismo extraordinario para que docentes en ejercicio con ocho años o más de antigüedad pudieran acceder a la titulación mediante el reconocimiento de su formación previa y de su experiencia profesional. En su primera etapa se partía de un mínimo de 180 créditos de formación pertinente —aproximadamente la mitad de una carrera docente— y se podían reconocer hasta 90 créditos por experiencia profesional.

¿Por qué muchos lo consideramos una farsa pedagógica? Porque una cosa es reconocer la experiencia profesional de quien lleva años frente a un grupo y otra muy distinta convertir administrativamente esa experiencia en sustituto de formación académica. Dar clase durante ocho años puede producir saberes profesionales, pero no garantiza por sí solo los conocimientos sistemáticos de pedagogía, didáctica, epistemología, investigación educativa y disciplinas específicas que justifican la existencia de una carrera de Formación Docente.

Incluso el requisito de los ocho años merece ser discutido. No existe ningún acto mágico institucional por el cual determinada cantidad de años de ejercicio se transforme automáticamente en formación académica equivalente. Y menos aún cuando dentro de esos ocho años se incluyen los dos años excepcionalísimos de la pandemia y los años de aplicación de una reforma educativa cuya concepción curricular y pedagógica ha mostrado ser un reverendo fracaso. La antigüedad demuestra antigüedad; no demuestra por sí misma formación equivalente a la que proporciona una carrera.

Algo semejante ocurre con el requisito de evaluación docente: alcanzar determinado mínimo de actuación no puede convertirse, sin una fundamentación académica extraordinariamente sólida, en equivalente de los conocimientos y créditos que otro estudiante obtiene cursando y aprobando unidades curriculares. Una evaluación satisfactoria del desempeño profesional y una formación académica son cosas relacionadas, pero no intercambiables.

La contradicción resulta todavía más difícil de explicar porque, al mismo tiempo, el país está discutiendo la creación de una Universidad Nacional de la Educación, concebida oficialmente para jerarquizar la profesión docente, profundizar su carácter universitario e integrar enseñanza, investigación y extensión. ¿Cómo se sostiene simultáneamente que debemos elevar la Formación Docente al estatuto universitario y que una persona que ha recorrido aproximadamente la mitad de una carrera puede acceder al mismo título mediante un régimen arbitrario de equivalencias? No se puede universitizar la formación docente por arriba mientras se rebajan sus exigencias académicas por abajo.

El problema nunca fue reconocer la experiencia de quienes llevan años trabajando ni facilitar que miles de compañeros puedan recibirse. Para eso existen políticas perfectamente defendibles: tutorías, acompañamiento, horarios compatibles con el trabajo, becas, cursados y programas que permitan terminar efectivamente la carrera. El problema aparece cuando, en lugar de generar las condiciones materiales para que quienes enseñan puedan completar su formación, se modifica el criterio mediante el cual esa formación se considera completada.

Y esto tampoco fue una discusión caprichosa de un puñado de estudiantes. El propio Congreso Nacional de Educación aprobó una moción que pidió dejar sin efecto la Resolución 3009/025 por entender que sus mecanismos podían provocar una desvalorización de la formación docente, de la profesión y de los trayectos académicos regulares, y reclamó una discusión más amplia sobre sus consecuencias académicas, laborales y presupuestales.

Mientras ese conflicto comenzaba a encontrar una vía de negociación, el CFE resolvió el 11 de setiembre pasar a la virtualidad los cursos de los centros ocupados. Según los comunicados de estudiantes y del sindicato docente, la decisión fue interpretada como un intento de vaciar las ocupaciones y enfrentar a docentes y estudiantes. SIDFE denunció además que la medida modificaba unilateralmente las condiciones de trabajo y reclamó su anulación inmediata. Esto importa porque la disputa dejó entonces de referirse exclusivamente a la Resolución 3009/025: pasó también a involucrar el derecho efectivo a organizarse, ocupar y sostener medidas colectivas sin que la administración neutralice sus efectos trasladando administrativamente los cursos a la virtualidad.

Después de 41 días, los estudiantes del IFD de Maldonado resolvieron levantar la ocupación tras la suspensión del Plan de Titulación, que reivindicaron expresamente como resultado de la organización, la movilización y la lucha estudiantil. Pero ellos mismos advirtieron algo fundamental: el conflicto continúa.

Por eso la discusión excede largamente la defensa corporativa de un título. Lo que está en juego es qué entendemos por formación docente, qué saberes consideramos indispensables para enseñar y qué valor le asignamos al recorrido académico de quienes estudian para hacerlo. Reconocer la experiencia, sí. Crear todas las condiciones necesarias para que los docentes no titulados terminen sus carreras, también. Jerarquizar la Formación Docente mediante una Universidad de la Educación, por supuesto. Convertir la experiencia laboral en un atajo que termine devaluando aquello mismo que decimos querer jerarquizar, no.

No queda otra que dar gracias a las y los estudiantes de Formación Docente que ocuparon, se organizaron y lucharon en defensa de su formación y de una educación pública de calidad.