
Las escenas todavía causan escozor.
La Casa de la Moneda, cercada por un conjunto de militares dispuestos a las últimas y peores consecuencias, fue el lugar donde se derrumbó la democracia chilena, cuyo símbolo de sangre, dolor y escombros, resultó ser el suicidio del entonces Presidente de la Nación Salvador Allende (1908-1973).
En este caso, el hecho de quitarse la vida lleva consigo un épico gesto: ser el dueño de sus decisiones, dejar a salvo una dignidad ante cualquier arrebato o usurpación, tener el poder de un vencedor vencido.
La tragedia no solamente enluta al pueblo chileno, sino a todos los países de la Región. Ese acontecimiento, clave para comprender las pujas de poder en que están involucradas las grandes potencias, sucede en el marco de las dictaduras latinoamericanas de la década de 1970, cuyo desarrollo y expansión fueron parte de un plan sistemático y organizado para erradicar a los sectores considerados subversivos o reaccionarios.
Ante esta situación, cabe preguntarse los efectos de esa época dominada por el liberalismo de Estados Unidos de Norteamérica y el comunismo de la por entonces Unión de las Repúlicas Socialistas Soviéticas, ambos en disputa por imponer su ideología al resto del mundo.
Al respecto, la histórica confrontación entre las derechas y las izquierdas siguen replicando confrontaciones entre miradas con sesgos individualistas, meritocráticos y exclusivos por un lado, y aspectos colectivos, igualdad de oportunidades y sin privilegios, por el otro.
Allende, primer presidente del mundo con ideología marxista que fue elegido democráticamente por un Estado de derecho, hizo de Chile una sociedad más justa e igualitaria, con decisiones como la reforma agraria y la nacionalización de recursos, fortalecimiento de los sistemas de salud y educación, con eje en favorecer a la clase obrera. Sus políticas anti-imperalistas incomodoron a los grupos neoliberales, que al no ceder posiciones iniciaron estrategias de lucha armada para no perder hegemonía.
A 50 años de aquel fatídico 11 de septiembre de 1973, que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet hasta 1990 y dejó un saldo de 3 mil ciudadanos detenidos y desaparecidos, Chile vive una transformación social que da lugar a estos necesarios repudios que ponen en alto los valores de los derechos humanos y las políticas de la memoria.
De una década a esta parte, algo está cambiando.
Las revueltas estudiantiles, las movilizaciones callejeras, la rebelión de una sociedad ante medidas que impactan en sus economías como la arbitraria decisión de los gobiernos por iniciar reformas tributarias, han causado una respuesta multitudinaria de la población que vive momentos históricos.
La Presidencia del socialista Gabriel Boric, quien asume su cargo en marzo de 2022 con apenas 36 años de edad, es todo un signo de los nuevos tiempos y representa la llegada de la clase univeristaria a las más altas esferas del poder.
Desde allí, y aún con aspectos de gestión a mejorar y otros a fortalecer, nace un debate que tardó en comenzar: la reivindicación de las víctimas del terrorismo de Estado, junto a garantías institucionales que creen reparación y eviten que los crímenes de lesa humanidad se repitan.















































