DERECHA ES MENTIR. LOS GIROS DE YAMANDÚ ORSI

Mucha tropa riendo en las calles
con sus muecas rotas cromadas
y por las carreteras valladas
escuchás caer tus lágrimas

Nuestro amo juega al esclavo
de esta tierra que es una herida
que se abre todos los días
a pura muerte, a todo gramo.

Violencia es mentir.

Formidables guerreros en jeeps
los titanes del orden viril.
¿Qué botines esperan ganar
si nunca un perro mira al cielo?

Si hace falta hundir la nariz
en el plato, lo vamos a hacer
por los tipos que huelen a tigre,
tan soberbios y despiadados.

Violencia es mentir.

–Nuestro amo juega al esclavo, de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota

1) Orsi lleva más de un año de gobierno y el saldo muestra un patrón que ayuda a entender el desencanto de una parte significativa de su electorado. Una encuesta de la consultora Cifra, publicada durante el primer año de gestión, registró un 31% de aprobación frente a un 46% de desaprobación. Los episodios que siguen permiten entender por qué. Para empezar, la conducción económica. Oddone se jubiló de la consultoría empresarial privada antes de integrarse al gabinete y desde el primer día empujó una agenda de ajuste gradual antes que de gasto expansivo. Orsi mismo reconoció ante la Asamblea General que su gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del PBI, y la respuesta fue contención: Oddone confirmó que en 2025 se cumplieron todas las metas fiscales, con un endeudamiento neto por debajo del límite legal y sin activar la cláusula de salvaguarda. Ese ajuste tuvo una contracara que generó fricción inmediata con las propias bases: a días de asumir, el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, debió explicar ante militantes frenteamplistas que el programa de gobierno del FA era “impagable“.

2) La llamada Transformación Educativa impulsada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou —y diseñada por el entonces presidente del CODICEN, Robert Silva— fue objeto de un rechazo sistemático por parte de los sindicatos docentes y de las Asambleas Técnico Docentes durante todo el período anterior. Sin embargo, el nuevo gobierno optó por no revertirla. Durante la campaña, Orsi adelantó que no impulsaría una refundación del sistema ni desharía drásticamente el nuevo plan de estudios. Ya en el gobierno, la ANEP introdujo algunos ajustes al Marco Curricular Nacional que, según su presidente Pablo Caggiani, procuran un enfoque “mixto” entre contenidos y competencias y fueron elaborados en diálogo con las ATD. Para Fenapes y buena parte del cuerpo docente, esas modificaciones no alteran el núcleo de la reforma heredada. Las propias ATD de Secundaria habían caracterizado el nuevo modelo como una transformación que “reduce y desmantela” las orientaciones de bachillerato, impone metodologías “sin respeto por la libertad de cátedra ni la idoneidad técnica docente” y “acelera el empobrecimiento educativo”. En setiembre de 2024 solicitaron formalmente su suspensión inmediata. Los docentes sostienen que el enfoque por competencias desplaza progresivamente la transmisión de conocimientos históricos, científicos y humanísticos en favor de habilidades funcionales orientadas al mercado laboral, configurando una educación pública cada vez más instrumental. Mientras tanto, los principales colegios privados conservan planes de estudio con una mayor densidad disciplinaria, ampliando una brecha que deja de ser únicamente económica para transformarse también en una evidente desigualdad cultural. La continuidad también se expresa en el presupuesto. El gobierno consolidó la línea de gasto heredada de Lacalle Pou y estabilizó la inversión educativa en torno al 4,4% del PBI, muy lejos del histórico compromiso del Frente Amplio de alcanzar el 6%. El propio ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, reconoció públicamente que esa meta no será alcanzada durante este período. Para los sindicatos, esa diferencia no constituye un dato técnico sino una definición política: significa menos grupos, pérdida de horas docentes, infraestructura deteriorada, aulas superpobladas y un debilitamiento de los equipos de apoyo, especialmente en los liceos de las zonas más vulnerables. El mecanismo anual de elección de horas se convierte así en el primer indicador visible del ajuste, al reducir grupos y concentrar estudiantes en menos clases, mientras las autoridades procuran sostener los niveles de promoción mediante criterios de evaluación cada vez más flexibles y la continuidad de políticas de no repetición, argumentando la necesidad de preservar las trayectorias educativas. La estructura institucional tampoco experimentó cambios de fondo. La Ley de Urgente Consideración eliminó el cogobierno histórico en los organismos de la enseñanza al suprimir la representación docente con voto en los consejos de educación y sustituirla por direcciones generales de conducción vertical. El gobierno de Orsi mantuvo intacta esa arquitectura. Aunque habilitó ámbitos de diálogo y negociación con los sindicatos, no promovió reformas para restituir la participación docente en la toma de decisiones estratégicas. Para los gremios, la diferencia es sustancial: las mesas permiten expresar desacuerdos, pero las definiciones centrales continúan concentradas en las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo. A ello se suma la persistencia de un esquema que favorece indirectamente al sector privado. Brecha ha documentado desde hace años las exoneraciones tributarias —aportes patronales, IVA y contribución inmobiliaria— que benefician a instituciones educativas privadas y que el actual gobierno mantuvo sin modificaciones. Paralelamente, continúan las modalidades de tercerización dentro de la ANEP mediante la contratación de organizaciones externas para tareas de apoyo pedagógico y social, en lugar de fortalecer equipos públicos permanentes.

3) Simultáneamente, el gobierno avanzó con una agenda de desregulación orientada al empresariado. En febrero, Orsi y Oddone presentaron los lineamientos de una Ley de Competitividad e Innovación para reducir trabas burocráticas y facilitar la inversión, que en junio se formalizó como proyecto bajo el nombre de Competitividad y Reducción del Costo de Vida: 240 artículos sobre agilización de trámites, comercio exterior, competencia e innovación. Entre las medidas que no requirieron ley, se eliminó la intervención previa de la DGI en el comercio exterior y el papel físico en las operaciones de importación y exportación. A esto se suma una decisión tributaria con efecto inverso sobre el consumo popular: la imposición de IVA a las compras desde el exterior como respuesta al fenómeno de plataformas como Temu, que en mayo se tradujo en un nuevo régimen de franquicias que eleva el límite de compras personales a 800 dólares pero ya con pago de IVA salvo excepciones, una medida que contradice la promesa de campaña de no aumentar impuestos.

4) En seguridad, el giro tiene una declaración que lo encuadra ideológicamente. En noviembre de 2025, en una entrevista con el semanario Búsqueda, Orsi sostuvo: “El ejemplo es Bukele, es El Salvador. Lo pongo como un proceso para analizar“, y agregó que “antes nos costaba. La izquierda no hablaba de seguridad, hablaba de convivencia. Teníamos el temor de que nos vincularan a concepciones reaccionarias“. Desde su propio entorno se buscó matizar la referencia. Poco después, en el programa Es Fácil Desviarse, Orsi aclaró que se trataba de “un ejemplo a analizar, no a seguir“, y que aplicar esas políticas en Uruguay sería “imposible e inaceptable“, planteando dudas sobre el éxito real de la experiencia salvadoreña dado que “hay gente inocente que de repente la está pagando“. Lo que el episodio reveló es que la referencia no fue casual: Orsi también dijo en esa instancia que el 50% de los votantes del Frente Amplio simpatiza con Bukele, un dato que usó para justificar la necesidad de no ignorar esa agenda. El correlato práctico no tardó en llegar. El gobierno resolvió que las Fuerzas Armadas patrullen barrios de Montevideo, algo sin antecedentes recientes en un gobierno frenteamplista. El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó el despliegue de 12 vehículos blindados Mamba MK7 del Ejército Nacional en zonas con altos índices de criminalidad, dentro de los operativos Atenea y Dominio, en el Cerro y el barrio Marconi. Los vehículos, donados por Estados Unidos al Ejército uruguayo, están diseñados para operar en entornos amenazados por minas y artefactos explosivos. Según fuentes oficiales, serán conducidos por personal militar porque la Policía no cuenta con entrenamiento para ese tipo de equipamiento, aunque las decisiones tácticas seguirán bajo responsabilidad policial. Esa justificación no vino acompañada de ningún anuncio de compra de unidades propias para la fuerza policial ni de un plan de capacitación específico. La decisión se inscribe en el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, que prevé el ingreso de más de 2.000 policías entre plazas vacantes y cargos nuevos e incluye 135 medidas que dan mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas, con un centro de comando unificado para extender su jurisdicción a toda la frontera.

5) Otro eje, menos visible en la agenda pública pero documentado por una investigación del semanario Brecha, tiene que ver con los vínculos entre el entorno de campaña de Orsi y el desarrollo inmobiliario privado en Canelones. La nota identifica a Julio César Filippini, quien fue contador de La Tahona —uno de los principales grupos de barrios privados del departamento— y luego encabezó la Agencia de Promoción de Inversiones de la Intendencia de Canelones durante los dos mandatos de Orsi. Filippini integró el comité de campaña presidencial de 2024 como responsable de finanzas, y entre los aportantes de esa campaña figuraron desarrolladores de barrios privados y empresas vinculadas al sector inmobiliario de Canelones. Ya como presidente, Orsi firmó en marzo de 2025 el decreto 85/025, que extiende beneficios fiscales —exoneración de aportes a la importación de maquinaria, deducciones de IRAE y de impuesto al patrimonio— a obras de urbanización de iniciativa privada, continuando un régimen heredado de Lacalle Pou que había sido relevante para el crecimiento de los barrios privados durante la gestión municipal de Orsi.

6) En mayo de 2026, en una entrevista difundida en medios internacionales, Orsi planteó una autocrítica sobre la relación entre el Estado uruguayo y las religiones: “Uruguay es un país súper laico, pero me parece que nos fuimos de mambo“, sostuvo, y agregó que “nos tenemos que hacer cargo de que subestimamos la espiritualidad“. Vinculó esa reflexión con un diagnóstico sobre los sectores más postergados, a los que definió como “población sobrante” —término que no pasó desapercibido— debido a las adicciones o el abandono, y para los cuales la fe sería “la piola de la que se agarra mucha gente“. Destacó el trabajo de organizaciones católicas y evangélicas en la atención de adicciones y la asistencia alimentaria como una tarea que el Estado no siempre logra cubrir con la misma rapidez. La declaración encendió alertas que excedieron el tradicional debate sobre el laicismo. Durante la última década, buena parte de la discusión latinoamericana se concentró en el creciente peso político de iglesias evangélicas y neopentecostales que, además de desarrollar un importante trabajo territorial, construyeron poder parlamentario y capacidad de incidencia sobre políticas públicas en países como Brasil, Guatemala o Costa Rica, promoviendo agendas conservadoras en materia educativa, de género y derechos sexuales y reproductivos. En ese contexto, las palabras de Orsi fueron leídas por algunos sectores como un posible corrimiento respecto de una tradición uruguaya que, desde el primer batllismo, concibió la separación entre Iglesia y Estado no como una expresión de hostilidad hacia la religión sino como una garantía de autonomía del poder político frente a cualquier confesión. La reacción no provino únicamente de la izquierda laicista. También referentes del liberalismo batllista expresaron preocupación. El diputado colorado Ope Pasquet preguntó públicamente qué había querido decir el presidente con que Uruguay “se pasó de mambo” en materia de laicidad. La inquietud no remitía solamente a una frase desafortunada, sino al lugar que esa revisión podría otorgar a actores religiosos en la definición de políticas públicas, en un escenario regional donde esa convergencia entre fe y poder político ha adquirido una creciente gravitación.

7) La posición de Orsi sobre el conflicto en Gaza no empezó con su gobierno sino que tiene antecedentes que la encuadran. En 2023, siendo intendente de Canelones, realizó un viaje a Israel organizado por el Comité Israelita Central de Uruguay y el Congreso Judío Latinoamericano. A su regreso describió la sociedad israelí en términos elogiosos, destacó lo que llamó una convivencia multicultural entre judíos y árabes, y rechazó las críticas provenientes de los sectores pro-palestinos del Frente Amplio —ampliamente mayoritarios dentro de la fuerza política— calificándolas de “vetos” y “pureza ideológica”. El episodio más significativo ocurrió durante una entrevista radial con Orlando Petinatti —conductor del programa más escuchado del país, posteriormente denunciado por presunta incitación al odio tras sostener públicamente que “no hay inocentes en Gaza” y asociar las manifestaciones de apoyo a Palestina con el terrorismo— realizada pocos días antes del balotaje de 2024. Allí Orsi coincidió con Petinatti en que no existe “apartheid” en Israel y afirmó que podría considerarse sionista si el término significaba, como propuso el entrevistador, defender el derecho del pueblo judío a tener un Estado en esa tierra, siempre que se garantizaran iguales derechos para las “minorías”. El Jerusalem Post interpretó esas declaraciones como un hecho excepcional para la izquierda latinoamericana y tituló, tras su victoria electoral, que Uruguay había elegido “un presidente de izquierda que no es anti-Israel”. Ya en el gobierno, cuando el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio calificó la situación en Gaza como genocidio, Orsi marcó distancia: “es la declaración de una fuerza política; el gobierno es otra cosa”, afirmó. En la misma comparecencia condenó “la escalada de violencia” de Netanyahu y calificó de “inaceptable” lo que ocurría en Gaza, pero evitó utilizar el término genocidio, pese a toda la documentación existente de diversos organismos internacionales, optando por un registro centrado en la ayuda humanitaria al señalar que “los gazatíes no comen papeles y declaraciones”. Con el paso del tiempo, esa supuesta prudencia quedó sometida a una presión creciente. A las actuaciones ya iniciadas ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional se sumaron nuevos informes de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que documentaron un patrón deliberado de ataques contra la infancia palestina y sostuvieron que esos hechos se inscriben en la comisión del crimen de genocidio, reclamando responsabilidades internacionales. Esa diferencia terminológica no quedó reducida al plano discursivo. Mientras el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, manifestó compartir la declaración del Frente Amplio, la Cancillería sostuvo una línea más moderada que evitó impulsar medidas como la adhesión al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, el ingreso al Grupo de La Haya o el cierre de la oficina de innovación uruguaya en Jerusalén, reclamos sostenidos por amplios sectores de la militancia frenteamplista. La discusión dejó así de ser únicamente diplomática para transformarse en un conflicto entre el gobierno y su propia base política. Leídas junto con el viaje de 2023 y las declaraciones realizadas antes de asumir la presidencia, esas definiciones muestran un posicionamiento construido con anterioridad al ejercicio del gobierno y consistente con una política exterior más cercana a la propuesta por la derecha que a la adoptada por la izquierda y diversos movimientos sociales frente al exterminio demográfico y territorial de la Franja.

8) El Programa Uruguay Audiovisual, conocido como “Acá se Filma“, no es una creación del gobierno de Orsi sino una política que nació en 2019 durante el último tramo del gobierno de Tabaré Vázquez, fue ampliada por Lacalle Pou en 2020 —cuando el mecanismo de cash rebate pasó de 4 a 12 millones de dólares— y que el gobierno actual no solo mantiene sino que amplió. El mecanismo ofrece a las productoras extranjeras que filman en Uruguay la exención del IVA del 22% sobre los gastos de producción más un reintegro en efectivo de hasta el 25% de los gastos elegibles. Combinados, esos dos beneficios superan lo que ofrece California para producciones de presupuesto mediano, donde el rebate local se ubica entre el 20% y el 25% sin exención de impuestos equivalente. La comparación no es universal: para producciones que superen los 8 millones de dólares de gasto en Uruguay, el rebate cae al 10,6% con un tope de un millón por proyecto, lo que reduce su competitividad a esa escala. El programa aplica además a rodajes publicitarios internacionales, una subcategoría que figura explícitamente en las convocatorias de la ACAU y que extiende el subsidio estatal a campañas de marcas globales que eligen Uruguay como locación. En la práctica, el resultado más visible son series argentinas para plataformas internacionales —Disney+, Prime Video, HBO Max— que se filman en Montevideo haciéndola pasar por Buenos Aires, con el incentivo fiscal como variable decisiva en la elección del destino. La proporción entre los dos fondos que maneja la ACAU describe con precisión la orientación de la política: el Fondo de Fomento para producciones nacionales tiene una asignación de 1,42 millones de dólares, mientras que el PUA para atraer producciones extranjeras distribuye 12 millones. El Estado uruguayo destina ocho veces más recursos a atraer superproducciones internacionales que a financiar cine propio. La convocatoria Cash Rebate para producciones nacionales de 2025 tiene un tope de 1.600.000 pesos uruguayos —menos de 40.000 dólares— para largometrajes y series locales. El mecanismo de mecenazgo cultural a través del Fondo de Incentivo Cultural plantea una tensión de fondo similar: las empresas privadas financian proyectos artísticos a cambio de reducir su carga impositiva, lo que traslada la decisión sobre qué cultura se financia desde las instituciones públicas hacia los departamentos de marketing corporativo. Esa es la política concreta, más allá de los discursos sobre “potenciar el talento local“.

9) En materia de derechos humanos, el episodio más documentado del período se produjo en junio de 2025 y permaneció en reserva hasta que Búsqueda lo reveló en diciembre. Orsi se reunió personalmente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, en la sede del máximo tribunal, para consultarle cómo proceder ante 14 informes médicos del Hospital Militar sobre prisioneros de Domingo Arena —militares, policías y civiles condenados o procesados por delitos cometidos durante la última dictadura— que alegaban problemas de salud importantes. Según Búsqueda, Orsi transmitió su “preocupación” por esos reclusos, lo que generó “sorpresa” entre algunos ministros de la Corte, que interpretaron el gesto como un posible intento de incidir en decisiones judiciales. Orsi lo desmintió: dijo que fue “solo una consulta” y que Pérez le respondió que el tema era resorte de los jueces de cada causa. El contexto político del episodio es difícil de ignorar: Cabildo Abierto, el partido de Guido Manini Ríos, reclama desde hace años la prisión domiciliaria para los militares presos de edad avanzada, y en el período actual le dio al oficialismo los votos necesarios para aprobar proyectos clave en la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio no tiene mayoría. La reacción de Manini no dejó lugar a dudas: “Habla bien del presidente de la República que este tema lo mueva“, declaró. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos calificó la reunión de “improcedente” y recordó que esos militares fueron juzgados por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas y torturas, todos delitos inamnistiables. El episodio tuvo consecuencia política inmediata: en las semanas siguientes, senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado presentaron por separado proyectos de ley para conceder prisión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 70 o 75 años.

10) En política exterior, el caso de los BRICS ilustra con claridad el estilo de la gestión: presencia sin compromiso y apertura sin definición estratégica. En julio de 2025, Orsi y el canciller Mario Lubetkin participaron como invitados del presidente Lula da Silva en la cumbre de los BRICS celebrada en Río de Janeiro, donde Uruguay mantuvo reuniones bilaterales con los mandatarios de India, Egipto, Angola, Vietnam y Sudáfrica. Lubetkin calificó la participación como una instancia que “valió la pena” y recordó que los países del bloque concentran el 44% del comercio uruguayo, frente al 16% del G7. La sola presencia en la cumbre alimentó la expectativa de un posible giro hacia una inserción internacional más vinculada al Sur Global y a un escenario multipolar. Sin embargo, en esa misma instancia y ante la misma prensa, el canciller fue categórico: Uruguay “no es parte de los BRICS ni ha solicitado serlo“. La aclaración no respondía a una pregunta protocolar sino a una discusión política concreta, y se produjo mientras Donald Trump amenazaba con imponer nuevos aranceles a los países que se alinearan con el bloque. En ese mismo contexto, Lubetkin reveló que el gobierno de Lacalle Pou había dejado culminados los trámites para el ingreso de Uruguay al Nuevo Banco de Desarrollo, la institución financiera creada por los BRICS como alternativa al FMI y al Banco Mundial, y que el directorio ya había aprobado la incorporación del país. El gobierno de Orsi respondió que el asunto permanecía “en fase de análisis“. Hasta ahora esa definición sigue sin llegar. La indefinición adquiere mayor relevancia si se considera que el debate excedía la posibilidad formal de incorporarse al bloque. Para distintos analistas y sectores, los BRICS representan una oportunidad para ampliar los márgenes de autonomía internacional de Uruguay, diversificar las fuentes de financiamiento para infraestructura y desarrollo, fortalecer la cooperación Sur-Sur y reducir la dependencia de los organismos financieros tradicionales, sin que ello suponga sustituir una dependencia por otra. En ese marco, la participación en la cumbre podía convertirse en el punto de partida para discutir una estrategia de inserción internacional más amplia y que colaborara a una gestión que fortaleciera la matriz productiva, actualmente muy desmantelada. Sin embargo, el resultado concreto fue una política exterior que buscó aprovechar las oportunidades comerciales y diplomáticas que ofrecía el bloque al tiempo que descartaba cualquier señal de alineamiento estratégico con el nuevo escenario multipolar. Es decir, mantuvo una lógica de inserción continuista respecto de los grandes equilibrios de la política exterior tradicional, aspecto que se opone a lo que se propuso en campaña y que había contado con un amplio consenso entre los militantes y el electorado.

11) El conjunto de estos episodios —y solo se mencionaron algunos— configura una dirección que se aleja de los postulados con los que la izquierda uruguaya construyó su identidad histórica. Eso explica que convivan, dentro del propio Frente Amplio, el desencanto de sectores que reclaman fidelidad al programa con la satisfacción de sectores empresariales y de la oposición de derecha, que leen en estos movimientos una validación de su propia agenda. En fin, hace mucho frío y los asentamientos siguen creciendo.