Llaitul y la colusión de los políticos chilenos

El miércoles pasado fue detenido Héctor Llaitul, el líder de la agrupación terrorista Coordinadora Arauco Malleco (CAM), “agrupación mapuche armada, indigenista y nacionalista étnica” (Wikipedia), fundada en febrero de 1998. Se le imputan varios delitos como robo de madera y amenazas reiteradas a la Seguridad Interior del Estado, llamando al pueblo mapuche a tomar las armas y declarando sin empachos que roba madera para comprar “fierros” (armas) y tiros. El año 2020, bajo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se le aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado (LSE), por la que fue finalmente detenido.

Su detención, sin embargo, no responde a lo que se espera de un terrorista y delincuente como él, siempre locuaz, atrevido y valentón. Minutos después del mediodía, la Policía de Investigaciones (PDI), lo arrestó cumpliendo una orden del Ministerio Público, en la comuna de Cañete, provincia de Arauco, Región del Bío Bío, en pleno centro de la ciudad, mientras tomaba un café. Era como si supiese que lo irían a buscar y esperaba tranquilamente. Tan tranquilamente como se entregó. ¿Entrega conversada?

A partir de ese momento, la detención de LLaitul se convirtió en un desfile de informaciones emanadas de grabaciones obtenidas por la PDI, que involucraban a La Moneda y personeros del oficialismo, dándole un golpe de gracia al Gobierno de Boric, cuestionado no solo por parte de su coalición como el Frente Amplio y el Partido Comunista, sino por la inmensa mayoría de la sociedad. Una de las filtraciones motivó la “renuncia” de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, pues desde su gabinete se hizo una llamada, a través de su asesora comunicacional, solicitando una conversación con Llaitul.

Apareció, entonces, la hermandad política. Sin fronteras ideológicas, como corresponde cuando se trata de esconder las heces que puedan involucrarlos. Políticos del Partido Por la Democracia (PPD) y Partido Socialista (PS), salieron a defender a la exministra Vega con dos argumentos: que obedecía instrucciones de La Moneda, lo que de inmediato fue negado por el Presidente Boric y su vocera Camila Vallejo, y luego, un argumento que los retrata de cuerpo entero como políticos más interesados en cubrir sus trapazas, que en valorar que la ciudadanía se informe. ¿Por qué?

Porque están indignados por las filtraciones que comprometen la honorabilidad del gobierno de Boric, su gobierno, que tiene diálogos a escondidas con terroristas y delincuentes como Héctor Llaitul. Y piden que se investigue y castigue a los responsables de estas filtraciones, que permitieron a la gente conocer esta peligrosa realidad que se encontraba oculta en los pasillos siempre siniestros de la política. ¡Curioso!, porque en ningún momento se cuestionan el contenido de dichas filtraciones. Más que curioso, en realidad, es indecente que respalden con sus críticas las filtraciones que describen la relación turbia de altas autoridades políticas con Héctor Llaitul.

Lo peor es que el propio Presidente Borica pidió que se investiguen estas filtraciones, en vez de ofrecer “disculpas” a los chilenos porque sus ministros mantienen este tipo de conexiones como mínimo sospechosas. Convergencia Social, partido menor al que pertenece el Presidente, integrante del Frente Amplio, fue categórico en sus declaraciones: “Nos preocupa de sobre manera que se filtre información sensible”.

Información sensible para quién? Evidentemente no para la ciudadanía que agradece estas filtraciones que le permiten conocer mejor qué tipo de autoridad es la que la gobierna.

Por cierto, “información sensible” para ellos. Podría citar y citar nombres de diferentes figuras del oficialismo con la misma oración. Pero, para qué. Se sabe del apoyo irrestricto a La Moneda que va de tumbo en tumbo a días del Plebiscito de Salida. Con todo, del otro lado, una declaración que ilustra con meridiana claridad esta “hermandad política”. De muestra un botón: el diputado Javier Macaya, presidente del partido Unión Democrática Independiente (UDI), situado bien a la derecha del espectro político, declaró: “No me gusta cuando la política se judicializa”, quitándole apoyo a la denuncia presentada por correligionarios de la región del Bío Bío, en contra de la ahora exministra Vega.

O sea, Chile y los chilenos en manos de políticos coludidos en sus oscuros enredos.