Hace unos días fue votado y aprobado en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que ha generado polémica y cruce de opiniones en el ámbito de la cultura. Es la ley que pretende despenalizar la reproducción de textos, cuando su fin sea educativo. La idea fue promovida por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) después del debate generado en 2014 cuando la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y la Fundación de la Cultura Universitaria hicieron una denuncia que terminó con el allanamiento de locales de fotocopiados en la Galería Montecarlo (frente a la Universidad de la República)
El proyecto actual es rechazado por la Cámara del Libro, y también por varios autores que emitieron una declaración al respecto, ya que entienden que limita la actual ley de derechos de autor (ley 9.739) que prohíbe reproducir una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita del titular, aunque fuera sin ánimo de lucro. La nueva ley, en tanto, despenalizaría esa reproducción cuando su fin sea educativo, para uso personal y sin fines de lucro. Es por estos últimos puntos que el proyecto tiene también muchos defensores que la entienden como promotora de otros derechos como el de la educación. Entre ellos están organizaciones como la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CaInfo) Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Udelar (ProEVA), el PIT-CNT o Creative Commons Uruguay entre otros. La socióloga y artista visual Mariana Fossatti, a quien consultamos en la siguiente entrevista, es miembro del equipo de Creative Commons Uruguay, organización que promueve el intercambio y uso legal de contenidos cubiertos por los derechos de autor. También es directora y docente de Ártica – Centro Cultural Online y consultora en en usos sociales, educativos y culturales de Tecnologías de Información y Comunicación.
“Despenalizar las reproducciones que hacen cotidianamente las personas, sin ningún fin de lucro ni de perjudicar al autor, creo que es algo altamente razonable”
-¿Cuál es tu opinión general de la ley pretende despenalizar la reproducción de textos, cuando su fin sea educativo, aprobada en el Senado?
-Se trata de un proyecto de ley que agrega excepciones y limitaciones a la actual ley de derechos de autor, que data de 1937. Esta ley se había actualizado en el año 2003 con un conjunto de disposiciones restrictivas: por ejemplo, se había aumentado de 40 a 50 años después de la muerte del autor el plazo de restricción de las obras, y se habían incorporado nuevos delitos penales. Pero estos cambios tendientes a una mayor restricción para los usuarios, no fueron equilibrados en aquel momento con excepciones actualizadas que regularan los usos del siglo XXI. Este desfasaje se compensa actualmente con este proyecto de ley que agrega una serie de excepciones beneficiosas para la cultura: para el préstamo y la preservación en bibliotecas, para los usos en instituciones educativas, para las obras que no se editan más porque sus autores no pueden ser hallados, para garantizar la libertad de expresión a través de la parodia, para facilitar las labores de investigación, entre otras. Así que el proyecto no es solamente de despenalización de ciertas prácticas, sino que también reconoce positivamente lo que sí podemos hacer con las obras culturales en circunstancias que son de interés general, como la educación.
Ahora bien, lo que se despenaliza en el proyecto es la reproducción, no sólo de textos sino también de otros formatos de obras, pero únicamente en los casos que son sin fines de lucro. Esto se hace eliminando el último literal del artículo 46, el literal E. Nótese que permanecen intactos los literales del A al D, que establecen penas para distinto tipo de infracciones al derecho de autor.
Despenalizar las reproducciones que hacen cotidianamente las personas, sin ningún fin de lucro ni de perjudicar al autor, creo que es algo altamente razonable. Todos los días reproducimos información gracias a los medios tecnológicos, o sea que cometemos la infracción diariamente tres millones de uruguayos. Obviamente, esto no se persigue en los hechos porque sería demencial hacerlo. Por eso, es más que razonable eliminar el delito del literal E, y que la justicia se tenga que encargar únicamente de los casos en los que hay una competencia comercial desleal en la que se compruebe que realmente se perjudica al mercado de libros.
-¿Te parece que atenta contra el derecho de autor? ¿en qué medida?
-La ley no atenta contra el derecho de autor, en la medida que tan solo incorporará limitaciones y excepciones acotadas para amparar otros derechos humanos. Lo que existe hoy es un desequilibrio de derechos, donde el derecho a la educación se ve afectado, dada la extrema rigidez de la ley de derecho de autor. La ley plantea pequeñas válvulas de escape para que dejen de ser delitos penales prácticas que hoy realizamos los tres millones de uruguayos, relacionadas con el derecho de acceso a la cultura y a materiales de estudio. Por supuesto, sólo se habilitan prácticas que no tienen fines de lucro. Esto permite generar un equilibrio y mejorar la ley, en lugar de debilitarla como algunos han dicho.
-¿Cuáles te parecen que serán los efectos más inmediatos en caso de aprobarse?
-La ley va a tener escasos o nulos efectos en el mercado de bienes culturales, y por el contrario va a tener grandes efectos benéficos en cuanto a derechos ciudadanos. En caso de aprobarse, docentes y alumnos podrán tener seguridad de no estar cometiendo delitos penales cuando utilizan materiales para presentar una clase, o cuando un docente reparte fragmentos de obras a sus estudiantes. También podrán aprovechar mejor los entornos virtuales de aprendizaje, dado que será legal compartir capítulos y fragmentos de las distintas asignaturas en dichas plataformas educativas. Las bibliotecas dejarán de cometer ilícitos cuando realizan el préstamo público de libros o cuando efectúan copias para preservación de ejemplares. Los usuarios de cultura van a poder realizar, de manera legal, el cambio de formato de un CD al celular. Como se puede apreciar, se trata de cosas pequeñas que no tienen el potencial de afectar el mercado de bienes culturales. Lo que va a pasar es que un buen número de prácticas cotidianas y socialmente aceptadas de acceso a la cultura, todas ellas sin fines de lucro, van a dejar de realizarse en la sombra y van a empezar a ser consideradas derechos.
-¿Por qué crees que genera cierto rechazo tanto en autores, editoriales, o la Cámara del libro?
-Habría que analizar por separado el rechazo de los distintos actores. Para la Cámara del Libro, cuyos voceros han tenido reacciones extremadamente conservadoras, hay un interés económico muy claro: le están pidiendo al Estado que no regule las prácticas actuales y que en cambio les compren a las editoriales los libros y los derechos de uso que estas poseen y que los autores les han cedido. Estiman que, cuanto más restrictiva sea la circulación de cultura, más va a invertir el Estado en la compra de libros. Se pone así un interés económico particular por encima del interés general. Desde la CUL por lo general reconocen que los precios de venta al público son demasiado caros y que los estudiantes no pueden acceder a los libros, pero en lugar de optar por reducir los precios para aumentar las ventas, juegan todas sus fichas a las compras estatales.
En este punto quiero aclarar que es sumamente importante que el Estado adquiera libros para las bibliotecas públicas, pero esta no es la única variable en la que tiene que intervenir el Estado. Otra de las variables es facilitar la circulación que no daña a los autores, regulando las prácticas de acceso en lugar de mantener una prohibición casi absoluta. Esto es a lo que se apunta con la modificación de la ley de derecho de autor. Otra acción estatal importante es apoyar con fondos públicos la generación de conocimiento y su publicación libre de restricciones. Lo que se publica con fondos públicos debe ser de acceso público. Los portales educativos y culturales que tiene el Estado para la distribución online gratuita deben alimentarse de la producción que el propio Estado financia.
En cuanto a los autores y las editoriales, no hay una opinión homogénea. Los autores que se oponen a estos cambios en muchos casos opinan bajo el efecto de miedos infundados por la propia Cámara, que no ha hecho más que confundir sobre los alcances de este proyecto. Existen autores cuyos ingresos dependen de contratos con editoriales que les han pedido la firma. No querría estar en sus zapatos, sabiendo que en caso de no firmar podría haber represalias.
Pero además, hay muchos autores que están a favor de la ley y existen proyectos editoriales que incluso ya están editando sus libros bajo otro paradigma, en el que las copias no se oponen a las ventas, y en el que los derechos culturales no se oponen al derecho de autor.
-¿Qué cambios le harías al proyecto actual en cuanto a aspectos que te parece que faltan o sobran?
-Creo que el proyecto es muy bueno y muy sólido técnicamente. Sin embargo, creo que debido a su origen, relacionado con el problema del acceso a materiales de estudio, no se incorporaron en su redacción original algunas disposiciones que existen en otros países y que mejorarían el acceso a la cultura. Por ejemplo, creo que al proyecto se le podría incorporar una cláusula de usos justos, como existe en la ley estadounidense de derechos de autor, que habilita a que cualquier uso de una obra que no esté explícitamente autorizado por la ley pero que no afecte la normal explotación de la obra y no perjudique al autor, se considera justo y por lo tanto no es ilícito. La cláusula de uso justo brindaría muchísimas más libertades para la creación y el uso transformativo de obras culturales y educativas.
Por otro lado, en Uruguay resulta urgente derogar lo que se conoce como dominio público pagante. El dominio público pagante es una disposición por la cual el uso de las obras en dominio público (aquellas obras cuyos autores fallecieron hace más de 50 años) no es libre sino que requiere el pago de una tarifa. Esto es absolutamente exótico, dado que en casi todo el mundo el dominio público es de uso libre e irrestricto. Sólo Uruguay y Argentina tienen un sistema de dominio público pagante, que ha demostrado ser una barrera para el acceso al patrimonio cultural común.
*Desde Cooltivarte nos hemos comunicado también con editoriales y autores que tienen una opinión contraria al proyecto aprobado en Senadores, para que en breve nos den también su versión y expliquen sus argumentos.
Mariana Fossatti es Sociología. Actualmente es directora de Ártica – Centro Cultural 2.0. Se enfoca en el estudio y aplicación de las TIC y el e-learning en la cultura, la educación y las organizaciones sociales. Es co-autora de los e-books “Arte joven y cultura digital” y “Arte y cultura en circulación: introducción al derecho de autor y las licencias libres”. Como consultora, ha trabajado con diversas instituciones como el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, el FCForum y la Sociedad de las Indias Electrónicas. Como docente, ha dado clases sobre sociedad, nuevas tecnologías y e-learning en el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), la Universidad de Salamanca y el Plan Ceibal, entre otros. Paralelamente, investiga en artes visuales y desarrolla su propia obra, volcándose especialmente a las técnicas de collage y remix audiovisual.
De interés para el lector:
–Proyecto de Ley – Modificación Ley de Derechos de Autor
–Entrevista a Federico Ivanier
–Declaración de escritores contrarios a la ley
