Un castillo de naipes llamado Pedro Castillo

Jueves 8 de diciembre de 2022

Hay castillos y castillos. El castillo político del expresidente peruano Pedro Castillo, profesor rural, ahora detenido en la Prefectura de Lima por la Policía Nacional del Perú, según reza el propio tuit de la institución: “Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el art. 5 de D.L n.° 1267 Ley la Policía Nacional del Perú, efectivos PNP intervienen al ex presesidente Pedro Castillo. Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 7, 2022”, se deshizo con la rapidez con que suelen deshacerse los castillos políticos fundados en el extremismo ideológico y los afanes totalitarios. El expresidente Castillo al querer cerrar el Congreso, no buscaba otra cosa que dar un autogolpe de Estado y eternizarse en el poder, como suelen hacerlo los aspirantes a dictador.

Se dirá que el sistema político del Perú otorga la facultad al Presidente de la República para cerrar el Congreso. Cierto, pero bajo una clara y específica condición de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución: “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”. Basado en este artículo es que las Fuerzas Armadas le negaron su apoyo: “Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido; el Art. 134 de la Constitución Política, establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.

El comunicado es más extenso, pero lo que importa aquí es la clara posición de las instituciones armadas de Perú. En su último discurso a la Nación que provocó su derrocamiento, Castillo anunciaba la disolución del Congreso: “Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”. Ordenó, además, reestructurar todo el sistema judicial a pesar de las causas que se siguen en su contra, lo que significaba el cambio de todos los miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional.: “A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante decretos ley”.

Fue el fin de un proyecto dictatorial que traía oculto en su chupalla campesina y jamás abandonó. Sus últimas palabras fueron su entierro político y el Congreso, con 101 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, lo destituyó por “incompetencia moral”.

¿Qué viene ahora? ¿Qué repercusiones tiene para América Latina? Son temas de otras columnas.