Queremos hablar de vivienda

caso de la vivienda – Fuente imagen IA gemini

Los romanos distinguían entre domus e insula. La primera era la casa familiar, donde se desarrollaba la vida doméstica. La segunda, un edificio de viviendas de alquiler en el que se alojaba buena parte de la población urbana. En Roma ya había especulación inmobiliaria, alquileres abusivos y propietarios que hacían buenos negocios de la necesidad ajena. Dos mil años después, seguimos discutiendo sobre lo mismo.

Hay problemas que envejecen mejor que sus soluciones.

La palabra vivienda procede del latín vivere, vivir. Una casa es una construcción; una vivienda, un lugar dispuesto para hacer posible la vida. El hogar aparece cuando ese espacio queda habitado por nuestros vínculos, recuerdos y afectos. Podemos comprar una casa, alquilar una vivienda y, con algo de suerte, construir un hogar. Confundir estas tres realidades explica buena parte de nuestros desacuerdos.

Saber qué es una vivienda nos obliga a preguntar qué necesita un ser humano para vivir. Un techo. Pero vivir exige también dormir, alimentarse, lavarse, descansar, enfermar, cuidar, amar, estar solo, recibir a otros. La vivienda alberga nuestra vulnerabilidad.

Por eso, una vivienda no es una mercancía cualquiera. Podemos vivir sin coche, sin televisor o incluso, aunque suene muy descabellado, sin teléfono móvil. No podemos vivir humanamente sin algún lugar donde proteger nuestro cuerpo, guardar nuestras cosas y desarrollar nuestra intimidad.

Pero, al mismo tiempo, una vivienda puede ser una propiedad. Puede comprarse, venderse, alquilarse, heredarse, hipotecarse. Tiene valor de uso y valor de cambio. Sirve para vivir, pero también puede servir para obtener beneficio. Para quien habita un piso, su función principal es darle cobijo. Para quien lo posee como inversión, su función puede ser generar rentabilidad. Es el mismo objeto, contemplado desde dos lógicas distintas. ¿Qué ocurre cuando ambas entran en conflicto?

Ninguna de estas dos perspectivas resulta, por sí misma, ilegítima. La tensión aparece cuando la segunda termina por hacer imposible la primera.

La propiedad privada constituye una institución fundamental de nuestras sociedades. Protege la autonomía personal, permite transmitir el fruto del trabajo y ofrece una cierta seguridad. Pero ningún derecho de propiedad ha sido nunca ilimitado. La propiedad no existe fuera de la sociedad que la reconoce y garantiza. Y esa sociedad establece las condiciones de su ejercicio.

Y en el caso de la vivienda, esos límites están especialmente justificados, porque el lugar donde vivimos condiciona buena parte de nuestras oportunidades: el colegio al que acudirán nuestros hijos, el tiempo que dedicaremos cada mañana a desplazarnos al trabajo o la posibilidad de permanecer cerca de nuestros padres cuando envejezcan. Una ciudad no es una simple colección de inmuebles. Es también una forma de organizar la convivencia. Cuando solo quienes tienen dinero pueden permitirse vivir en determinados barrios, las diferencias económicas acaban convirtiéndose también en una separación física entre los ciudadanos. Y esa separación amenaza con destruir el alma de la ciudad: la comunidad que la mantiene viva.

Por eso la vivienda necesita regulación. El mercado es un instrumento eficaz para distribuir muchos bienes, pero no podemos confiarle sin más el acceso a algo tan necesario para la vida. Regular no consiste únicamente en limitar los precios o establecer prohibiciones. También supone facilitar la construcción de nuevas viviendas, disponer de suelo, ofrecer seguridad jurídica y ampliar el parque público. Hay distintas maneras de intervenir y no todas producen los resultados esperados. Algunas medidas, aun siendo bienintencionadas, pueden terminar agravando el problema que pretendían resolver. Por eso convendría discutir menos sobre las intenciones de quienes las proponen y prestar más atención a sus consecuencias.

Sin embargo, en los últimos meses, el debate sobre la vivienda ha tomado una deriva que me preocupa. Cada vez se habla menos de cómo facilitar el acceso a una vivienda y más de quién tiene la culpa de que tantos ciudadanos no puedan permitírsela. En algunos discursos, ser propietario de una vivienda destinada al alquiler parece haberse convertido en motivo suficiente para despertar sospechas. Y así, un problema que tiene causas económicas y sociales muy diversas termina convertido en un enfrentamiento entre buenos y malos.

Es comprensible que exista ese malestar. Una generación que descubre que tener un trabajo ya no es suficiente para independizarse, que buena parte de su sueldo se va en pagar el alquiler y que probablemente vivirá peor que sus padres tiene motivos de sobra para estar cabreada. Y también para exigir responsabilidades. Porque existen abusos, prácticas especulativas y comportamientos que deberían ser corregidos. Pero sería injusto responsabilizar de esta situación a todos los propietarios por el mero hecho de serlo. Una cosa es denunciar los abusos y otra muy distinta considerar moralmente reprobable a cualquiera que obtenga una renta del alquiler de una vivienda.

Creo que algunos discursos sobre la vivienda pecan de lo que yo llamaría una política del resentimiento. No hace falta ser un experto en psicoanálisis para encontrar algo sospechoso en el lenguaje que se utiliza. De un lado están las «inquilinas», con el femenino convertido en genérico emancipatorio; del otro, los «rentistas», a quienes se reserva el masculino heteropatriarcal. Hasta la gramática sirve para repartir las simpatías. Pero detrás de esa manera de plantear el conflicto creo reconocer una actitud moral inquietante.

Conviene no confundir el resentimiento con la indignación ante una injusticia. Los precios de la vivienda justifican la indignación y la exigencia de soluciones. El resentimiento aparece cuando ya no nos basta con mejorar nuestra situación y necesitamos también que a quienes consideramos culpables les vaya peor. Lo importante ya no es tanto conseguir una vivienda asequible como castigar al propietario. Cuando la política empieza a proporcionar más satisfacción por el daño que causa al adversario que por los problemas que resuelve, hemos tomado un camino peligroso.

Una sociedad no puede vivir instalada en una disputa permanente en la que todos creen tener la razón. El joven que no consigue independizarse tiene razones para exigir soluciones. También las tiene el pequeño propietario que complementa su sueldo o su pensión con el alquiler de un piso comprado después de muchos años de trabajo. Incluso un banco que posee activos inmobiliarios tiene intereses legítimos que defender y obligaciones con sus accionistas, sus clientes y sus depositantes. Naturalmente, no todos estos intereses tienen el mismo peso ni deben recibir la misma protección. Pero hacer política empieza por comprender que nuestros intereses particulares no agotan la realidad.

Conviene, además, desconfiar de la muy española costumbre de identificar la virtud con la posición que ocupamos en un conflicto. Ser inquilino no convierte automáticamente a nadie en justo, del mismo modo que ser propietario no lo transforma en un explotador. Las circunstancias económicas pueden explicar nuestros intereses, pero no determinan nuestra catadura moral. Hay propietarios abusivos e inquilinos irresponsables, como hay caseros razonables y arrendatarios ejemplares. La honradez no viene incluida en el contrato de alquiler, ni por una parte ni por la otra. Una legislación seria debería proteger derechos y corregir desequilibrios, no repartir certificados de buena conducta.

El diálogo democrático exige el esfuerzo de abandonar, por un momento, el lugar que ocupamos para preguntarnos qué reglas estaríamos dispuestos a aceptar si no supiéramos de antemano qué posición nos corresponderá. Si seremos propietarios o inquilinos, si heredaremos una vivienda o tendremos que alquilarla, si nuestros hijos podrán quedarse en la ciudad donde nacieron o deberán marcharse. Desde esa incertidumbre resulta más sencillo comprender por qué necesitamos tanto proteger la propiedad como garantizar que su ejercicio sea compatible con una vida digna para los demás.

Cada cual contempla el problema desde sus propios intereses y, como suele ocurrir, encuentra sobradas razones para darse la razón. Pero una ciudad no puede funcionar si cada uno se limita a defender lo suyo y deja que los demás se las arreglen como puedan. Para salir de este embrollo necesitamos recuperar una vieja idea que apenas aparece ya en nuestras discusiones políticas: el bien común. Algo tan sencillo, y al parecer tan difícil, como pensar en lo que nos conviene a todos, incluso cuando eso supone renunciar a alguna ventaja particular. Y esto vale tanto para quien tiene diez pisos como para quien no tiene ninguno. Al fin y al cabo, una casa puede tener dueño, pero una ciudad tiene que ser de todos.