Apuntes para un marco conceptual de la transformación de la sociedad en el Siglo XXI
El “republicanismo crítico” y la experiencia del Frente Amplio de Uruguay en el esfuerzo por construir la democracia más avanzada del planeta.
V
El Siglo XX en occidente, en Uruguay durante las primeras tres décadas, fue en la mayoría de los países el de la definitiva separación entre la Iglesia y el Estado, el del desarrollo de la laicidad como concepto político y como práctica estatal.
La práctica de la laicidad presupone una distinción que hay que forzar legalmente, la del Estado neutral por un lado, (en principio únicamente en temas vinculados a la cosmovisión religiosa del mundo) y los proyectos político -ideológicos por otro, (ya sean estos diseñados para asegurar la preservación de privilegios por parte de quienes los poseen, ya para hacer prevalecer a la política por sobre cualquier interés económico, de donde surgió el Estado de Bienestar).
Esa imposición, que se produce por la voluntad de la mayoría de la sociedad, se realiza mediante el Derecho.
Para que toda política civilizatoria basada en el Derecho funcione debe ser validada en las fronteras del Estado – nación por la práctica, también exclusivamente política, de todos los actores e intereses presentes en una comunidad.
Como vimos en capítulos anteriores la evolución cultural acelerada por el estado político deliberativo que las nuevas tecnologías propician incrementa la demanda de neutralidad del Estado en relación ya no sólo a la cuestión religiosa sino a cosmovisiones político – culturales y opciones individuales de toda naturaleza.
Este fenómeno así como un enriquecimiento crítico respecto de las causas del fracaso del socialismo estatal y el perfeccionamiento del conocimiento de las lógicas (y sus consecuencias ecológicas) del capitalismo contemporáneo, explica la superación por buena parte de la izquierda universal de las lógicas militares (de imposición desde el aparato del Estado controlado monopólicamente) como instrumento de transformación de la sociedad.
La superación de esas lógicas conduce a una práctica política que distingue, separa, Estado (como organización política de TODA la comunidad espiritual, territorial, que lo constituye y Partido, como espacio de desarrollo de un proyecto político – cultural y de disputa del poder, revalorizando así a la sociedad como comunidad democrática de iguales en la que tiene lugar la lucha de clases pero cuya superación, la de la sociedad dividida en clases, no se alcanza por la imposición violenta mediante el uso del aparato estatal controlado monopólicamente.
La renuncia efectiva al uso monopólico del aparato del Estado para imponer por la voluntad de una elite de cualquier naturaleza cosmovisiones político – ideológicas implica necesariamente la admisión de una lógica de garantías para las minorías, la creación de instrumentos que garanticen los derechos de quienes en el libre juego democrático quedan coyunturalmente en minoría, tanto en la administración del poder, como en cuanto a posturas ético – comportamentales. La preocupación por este “problema” de la democracia también forma parte de la tradición republicana.
Para que el Estado desempeñe sus funciones organizativas en beneficio de la sociedad en su conjunto ningún grupo de interés puede utilizarlo para sus fines económicos. Eso es el republicanismo. El arsenal de instrumentos jurídicos que impiden, mediante la fiscalización del poder, que quienes acceden al control del aparato del Estado puedan utilizarlo para imponer sus intereses o cosmovisiones ideológicas.
Este acontecimiento, la superación de las lógicas militares sustituidas por la revalorización de la política explica buena parte de las políticas públicas del Frente Amplio una vez que accedió al gobierno, tanto las que consagran nuevos derechos como las que fortalecen el rol del Estado mediante instrumentos que le permiten evitar que grupos de interés económico (o de cualquier otra naturaleza) estén en condiciones de prevalecer sobre los intereses de la sociedad en su conjunto.
Es en muchos sentidos una revisión crítica del Estado de Bienestar, una adaptación de sus características esenciales a las condiciones de la economía global en el Siglo XXI.
El rasgo esencial del Estado de Bienestar es que posibilita el desempeño de la política para la solución de los conflictos de clase al interior del Estado Nación, produce, por así decir, igualdad y cultura democrática al mismo tiempo.
Sus deficiencias, principalmente referidas a una burocratización excesiva de algunos procesos, (burocratización paternalista que fue el resultado de su competencia con el socialismo estatal de matriz estalinista) son las que sometidas a crítica, necesitan una actualización, que el Frente Amplio de Uruguay procura implementar.
Su límite histórico es que si no es mantenido durante muchas décadas no contribuye a superar las desigualdades profundas propias de las sociedades divididas en clases.
Y naturalmente, hay poderosos intereses económicos globales interesados en evitar que perdure.
Durante algunos siglos, la Iglesia Católica erigida en depositaria del poder de Dios en la tierra gobernó no sin conflicto junto a la aristocracia feudal.
La revolución burguesa comenzó a modificar ese estado de cosas en aquel momento de la evolución cultural de la humanidad necesario para administrar el conflicto social pero lo hizo reproduciendo la alianza mediante un pacto nuevo: unos (el poder económico) se ocuparían de la cosa pública, los otros, (el poder religioso) se ocuparían de las almas.
Y así hasta hace no mucho tiempo.
Las conquistas democratizadoras alcanzadas por el movimiento obrero en buena parte de oriente y occidente, la incorporación de cientos de millones de individuos a la Educación pública que esas mismas conquistas viabilizaron, la calidad y extensión de la deliberación democrática que las nuevas tecnologías propician, fueron modificando este estado de cosas hasta que en el presente tiene lugar el cambio político – cultural revolucionario al que aludíamos en capítulos anteriores: las sociedades no aceptarán la imposición de decisiones o normas que no sean adoptadas en procesos de deliberación democrática.
Como siempre ha ocurrido, lo político prevalece sobre la imposición de la fuerza y sobre lo jurídico como estructura de la acción humana.
Lo político es una aptitud de la naturaleza social del hombre, la Política es la estructuración de esa aptitud mediante la creación de instituciones (el Estado en primer lugar) y de un marco de reglas de juego (entre las cuales el universo jurídico) que son construcciones culturales de la política misma validados por el acuerdo mayoritario de las comunidades y por ello mismo sujetos a ser transformados no permanentemente, pues tal estado de cosas impediría su consolidación civilizatoria, pero sí periódicamente, pues sus contenidos responden a un estado de la evolución de las sociedades que se transforma junto a su propio desarrollo.
Las instituciones jurídicamente consolidadas son construcciones culturales porque posibilitan la reproducción de la vida de la especie y su evolución civilizatoria, es decir, la superación de las lógicas de tribu basadas meramente en la imposición violenta que “garantice su supervivencia”.
Ninguna imposición violenta “garantiza” la supervivencia de comunidad alguna, como ha mostrado una y otra vez la Historia, pues a una imposición violenta adviene una respuesta violenta.
La estabilidad administrada políticamente es el único escenario en el que se desenvuelve la potencialidad creativa de los seres humanos, el único estado que garantiza sí, su evolución civilizatoria, es decir, otra vez, la superación de su animalidad original.
Luego, la política no es viable sin un orden jurídico, pues en las sociedades donde tal estructura de reglas de juego elaboradas mediante procedimientos democráticos garantistas no existe, como ocurrió durante siglos, simplemente, se impone el más fuerte, como ocurrió durante siglos.
Mayoritariamente, muy mayoritariamente, las sociedades ya no aceptan ninguna imposición de ningún poder no legitimado democráticamente, ni de instituciones económicas, ni religiosas ni de gobiernos, que no sean el resultado de una deliberación democrática convertida luego en norma sancionada también democráticamente.
Puede ocurrir y ocurre efectivamente que algunos gobiernos y grupos de poder creen artificialmente las condiciones psicosociales (en general a través del miedo a la inseguridad en todo sentido) para imponer políticas en defensa de sus privilegios, encubiertas en discursos ideológicos o religiosos de cualquier naturaleza, pero la inestabilidad social que tales políticas genera corroerá las posibilidades de prolongación en el tiempo del uso exitoso de esos recursos ideológicos.
La superación de las lógicas militares es posible en el marco de las fronteras nacionales o regionales, como ha demostrado la historia reciente desde la postguerra en Europa y desde la superación de las lógicas de la guerra fría en América del Sur.
La cultura democrática basada en el Derecho se ha expandido incesantemente desde entonces. ¿Puede constituirse en la estructura civilizatoria que administre los conflictos entre Estados – nación?
Se procurará una respuesta a esa interrogante sustancial de nuestro tiempo más adelante en estos apuntes, pues la respuesta a esa pregunta determina si la humanidad se encamina hacia una evolución civilizatoria (políticamente posible) o se dirige hacia una nueva conflagración militar mundial, también posible por la irracionalidad que renueva sistemáticamente la competencia por la supervivencia en posiciones hegemónicas de varias potencias, comunidades de identidad e intereses, todavía no preparadas ni estructural ni culturalmente para habitar el planeta en su condición básica de seres iguales en y ante la naturaleza.
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