PHOTO revista posdata yo los enterré II

La previsible explicación de la Operación Encubrimiento

Detenidos – desaparecidos II

El viernes 11 de abril de 1997 la revista Posdata publicó el testimonio del ex soldado Ariel López Silva, presentado por vez primera en 1985 y que, según algunos analistas, fue determinante en la decisión de impulsar la ley de caducidad por parte de algunos políticos y militares.

Se procuraba evitar el ingreso de la Justicia a las dependencias militares donde se encontraban los cementerios clandestinos. Luego veremos por qué.

He aquí fragmentos de sus declaraciones en la entrevista que Posdata tituló en tapa: “desaparecidos, yo lo enterré”.

– Periodista: ¿Puede relatar hoy su testimonio?
– En aquel momento dije, sí, que yo los había enterrado y todo ¿no? Y que había sido procesado por la justicia militar y dado de baja por sacar del cuartel una carta de una presa…

– Periodista: ¿Usted dijo que llegó a enterrar cuatro o cinco cuerpos?
– Sí.

– Periodista: Incluso que alguno de esos cuerpos, por su peso, podía ser el de una mujer…
– Sí, por lo liviano que estaba o por medio flaco. Los presos comían muy poco también.

– Periodista: Usted dice que enterró cuerpos. ¿Fueron todos el mismo día?
– No. Fue en distintas veces.

– Periodista: Los militares de alto rango que hablaron ahora, (Ballestrino en 1996) llegaron a decir que mandaron enterrar los cuerpos parados…

– Los que yo enterré, era acostados…

– Periodista: … que les echaron cal encima

– Con cal viva…

– Periodista: … y que estaban envueltos

– Envueltos en una sábana blanca

– Periodista: … ¿Y que luego sobre ellos se plantaban árboles?

– Yo no. Pero se puede haber plantado árboles después.

– Periodista: ¿Dónde están ubicadas esas fosas dentro del Batallón 13?

– Ahí, junto a la cancha de fútbol. Donde se ve una cantidad de árboles. También a la derecha de la cancha, donde había una cabaña. Por ahí.

– Periodista: ¿Usted elegía el lugar donde enterrarlos?
– No. No. Te marcaban el lugar.

En otro fragmento:

– Periodista: ¿Puede recordar algún detalle de los cuerpos que le dieron para enterrar?
– No. Siempre estaban envueltos.

– Periodista: ¿Quién les ponía la cal?
– Yo les echaba todo. Ponía cal abajo, tiraba el cuerpo y les ponía cal encima hasta taparlos.

– Periodista: ¿A qué profundidad se hacían las fosas?
– A la profundidad de un metro, más o menos…

En otro fragmento:

– Periodista: ¿Vio otras fosas que hubieran podido cavar otros soldados?
– Puede ser que hubiera, yo no los vi. Eso se hacía de noche siempre.

Posteriormente la crónica de Posdata relata la “odisea” de Ariel López Silva, cuya ejecución, falsa, en Buenos Aires, se adjudicó en un comunicado un “comando”, la reiterada publicación de sus detenciones por delitos menores cuando quedó sin empleo magnificadas por algunos medios de prensa, hasta que comenzó a trabajar como feriante en Montevideo y concluye la nota: “La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado fue aprobada el 22 de diciembre de 1986. Exactamente un año y siete meses después que Ariel López Silva hiciera su primera denuncia”.

La sociedad uruguaya desconocía entonces la existencia de otro cementerio clandestino en el Batallón 14.
Pero la demanda de verdad de la sociedad una vez superado el impacto de la aprobación social de la ley de caducidad volvió a emerger, con particular fuerza, en la segunda mitad de los 90.

En relación a la ubicación de los lugares donde se realizaron enterramientos en el Batallón 13 se realizó mucho más tarde, (una vez que la Justicia pudo y decidió “cautelar” el terreno), un muy serio trabajo de investigación de campo dirigido por el equipo de antropólogos de la Universidad de la República. También se recogieron muchos nuevos testimonios que reiteraban lo enunciado por López Silva.

Aquí interesa exponer dos de ellos a modo de mínima exposición de las dificultades que fue menester sortear para desenvolver la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Uno que procura contribuir a ubicar el lugar exacto en que se encontraba el cementerio clandestino y otro que corresponde a una de las tantas acciones de contrainteligencia orientadas en sentido contrario.

Constan en el primer informe del antropólogo José López Mázz varias testimonios que señalan al monte de Sauces cercano al Arroyo Miguelete del Batallón 13, a la derecha del campo de fútbol, como el principal lugar de enterramientos en ese predio militar.

Uno de ellos, significativamente, señala: “Hay un reflector debajo de un monte que queda al lado del arroyo Miguelete… El monte no es muy grande, es chico, no tiene muchos árboles, es muy chiquito” “Mis parientes me decían en el monte, NUNCA A LA ORILLA DEL MONTE”.

Los restos que fueron encontrados en agosto de 2019 estaban exactamente a la orilla del arroyo Miguelete y del monte, a centímetros del barranco que los separa.

Un testimonio directo de un exsoldado presentado en ese mismo informe señala al lugar de enterramientos sin embargo, así: “en el fondo del 13, en una laguna, (en realidad bañado) lindera a Ingenieros 5 y con la Gruta de Lourdes”.

Una de las razones por las cuales pudo excavarse donde en agosto de 2019 aparecieron nuevos restos, lo fue el hecho casual de que por la prolongada ausencia de lluvias pudo accederse con la retroexcavadora a ese sitio, frecuentemente anegado por las aguas.

El informe de López Mázz señala también: “Existe información oficial de una posible intervención para recuperar esos enterramientos en el año 1984, la cual no habría conseguido ser exhaustiva.

La información recibida señala la existencia de al menos dos cuerpos que no fueron recuperados en esa instancia. La información es de setiembre de 2005.

En su informe de aquel año López Mázz subraya la importancia del Estudio Geoarqueológico realizado en 2004 a instancias del Juez Alejandro Recarey, luego desplazado a Juez de Paz, encomendado a Daniel Panario, Ofelia Gutiérrez y Elizabeth Onega que a través de un análisis foto aéreo identificó “sitios de interés”. Estos se definen en aquel trabajo que permitió luego delimitar esa zona como un espacio donde el Ejército no podía realizar intervenciones de ningún tipo, “modificaciones que no corresponden a la lógica del uso del espacio del cuartel”. Entre las cinco zonas que se indican aparecen los espacios en los cuales apareció el escribano Fernando Miranda y los últimos restos ubicados en la zona frecuentemente inundada junto al Arroyo.

Posteriormente el equipo de López Mázz retomó y perfeccionó este informe ubicando transformaciones edilicias realizadas en el interior de ese predio militar y del Batallón 14.

Esto porque entre los investigadores judiciales, y periodísticos existió siempre la duda que ahora resulta necesario definitivamente esclarecer:

La exhumación de los restos que en 1984 habrían realizado Pomoli y Lamy: ¿cómo concluyó?

¿Se agruparon todos los restos en otro lugar y se los procuró “encubrir” en algún espacio físico inaccesible, por ejemplo, debajo de una construcción?

¿Se cremaron algunos restos en el Batallón 14, donde se encontraba muy posiblemente la fosa común de los detenidos traídos desde Argentina en el segundo vuelo reconocido por la Fuerza Aérea (ver más abajo) y donde hay un horno de barro?

¿Pudo hacerse lo mismo en el Batallón 13 y los restos allí exhumados se dispersaron ya como cenizas en el propio arroyo Miguelete?

Como ha quedado en evidencia en las últimas tres décadas, la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con los detenidos – desaparecidos constituye el más grave conflicto espiritual que la sociedad heredó de las prácticas del terrorismo de Estado.

Un sinuoso camino pleno de dificultades, operaciones de contrainteligencia, restricciones judiciales, y pactos cívico militares cuasi mafiosos de silencio, han debido sortear víctimas, jueces, fiscales, periodistas, políticos, arqueólogos, antropólogos, defensores de los derechos humanos, para ir accediendo a fragmentos de verdad sobre lo ocurrido a este respecto durante la dictadura en Uruguay.

Uno de los principales obstáculos que resultó necesario vencer, y al que quizá no se le preste la atención debida, (además de la, matrizada en las lógicas de la guerra fría, teoría de los dos demonios y la ley de caducidad), lo fue la pretensión de instalar como “hecho inobjetable” que la dictadura uruguaya se diferenció, en cuanto su brutalidad represiva, respecto de las de Argentina y Chile.

Uruguay fue el país con más presos políticos por habitante de América del Sur, las torturas que se aplicaron tanto en la casona de Punta Gorda como en el 300 Carlos lo fueron idénticas a las promovidas por la doctrina de la seguridad nacional en todos lados, la pretensión de erradicar a los partidos de izquierda y las organizaciones obreras “por 50 años” también fueron semejantes, el anticomunismo, el antisemitismo y en fin, otras expresiones propias de la doctrina fascista también fueron hegemónicas entre los principales agentes de la represión, pero no fue sino hasta muchos, muchos años después de derrotada la dictadura que comenzó a disponerse de información que confirmara asesinatos masivos y cementerios clandestinos…

Esto último resultaba por lo tanto relevante encubrirlo a quienes aspiraban a relativizar el carácter fascista de sus prácticas y diferenciarse de los países vecinos con el propósito de evitar asumir sus responsabilidades políticas, éticas y penales.

Aquí radica la razón de fondo por la cual se organizó, tanto en su forma efectiva, (exhumaciones) como en su forma discursiva, (“los restos fueron cremados y dispersas sus cenizas” en un río), la Operación Encubrimiento.

La información de que disponemos hasta el presente permite presumir, con alto grado de convicción, que el origen de la decisión de exhumar los restos lo fue el intento de encubrir el asesinato masivo y entierro en una fosa común en el Batallón 14 de los detenidos del Partido por la Victoria del Pueblo traídos desde el centro de torturas Orletti en Buenos Aires cuando la dictadura argentina decidió cerrar ese lugar en el cual se habían ejecutado las acciones del Plan Cóndor. (Coordinación represiva de las dictaduras de América del Sur).

La confirmación del transporte aéreo que trajo a Montevideo a casi una veintena de militantes de izquierda la realizó la Fuerza Aérea uruguaya como respuesta a la decisión del Dr. Tabaré Vázquez en su primer gobierno de encomendarles a los comandantes en jefe de las tres fuerzas un informe sobre los detenidos – desaparecidos.

El periodista Roger Rodríguez realizó una prolija y muy extensa investigación sobre el “segundo vuelo”, así denominado porque uno anterior en el que también se habían trasladado presos políticos desde Buenos Aires concluyó con un montaje propagandístico según el cual a esos detenidos se los encontró, el 26 de octubre de 1976, organizando acciones subversivas en una casa del balneario Shangrilá. Ello permitió, no obstante, que no fueran asesinados.

Según decenas de informantes, los represores argentinos no entregaban detenidos si no era para su “ejecución”.

Así informó el periodista Roger Rodríguez los detalles principales del “segundo vuelo”, cuya importancia histórica radica, como hemos señalado, en que es posiblemente para encubrir esa monstruosidad y la igualmente brutal ejecución de María Claudia García de Gelman luego de parir a su hija, que se tomó la decisión de exhumar los restos de los detenidos – desaparecidos.

Rodríguez lo expone así:

“La existencia de un “segundo vuelo” con otro traslado masivo de prisioneros a Uruguay, fue señalada a este cronista por el represor argentino que aportó los datos que permitieron al senador Rafael Michelini localizar a Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez.

El informante subrayó que “de Uruguay a los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha salido a luz, pero que no nos adjudiquen esas desapariciones. A los que no murieron en Orletti nosotros los devolvimos. No sabíamos que los del primer viaje estaban vivos, así que cuando cerraba Orletti se planificó otro viaje grande en el que se incluyó a todos los que quedaban”.

La fuente, miembro de la banda de Aníbal Gordon, agregó que incluso a los uruguayos se le “entregaron” cinco presos argentinos que estaban detenidos en Automotores Orletti para su “disposición final” en Uruguay. “Yo no participé en la entrega, pero creo que a esos últimos (desaparecidos) tienen que buscarlos en Uruguay”, subrayó el informante.

Los “datos” del “segundo vuelo”

La investigación periodística, iniciada (…) para la publicación Posdata Folios, (ediciones en formato diario del último tramo de la presencia editorial de la Revista Posdata) se comenzó a publicar en LA REPUBLICA a partir del domingo 17 de marzo de 2002, dos días después que los análisis de ADN en Buenos Aires confirmaban que un joven de 26 años que había sido criado por la familia de un policía era, como había dicho el informante, Simón Riquelo.

“Hay 32 nuevos casos de desaparecidos en Uruguay”, se tituló entonces, al sumar los 27 uruguayos desaparecidos en Automotores Orletti y los cinco argentinos que también se habrían entregado para su “disposición final”. El informante también había adelantado, luego de sucesivas entrevistas, que Gerardo Gatti, León Duarte y Roger Julién habían muerto en Buenos Aires.

Luego de un nuevo contacto con la fuente argentina, LA REPUBLICA publicó un nuevo capítulo de la investigación, bajo el título “Así desaparecieron 21 uruguayos en el último vuelo de la muerte: ocultan cementerio clandestino”, en el que se indicaba que el segundo vuelo había partido del aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires en la noche del 4 al 5 de octubre de 1976.

Se concluía que el traslado de esos de uruguayos a Montevideo para su desaparición implicaba su ejecución masiva y su “disposición” dentro de una fosa común en un cementerio clandestino cuya localización no había sido aún posible de ubicar. Razón de fondo del “pacto de silencio” entre militares que sólo reconocían muertes “casuales” en el marco de los interrogatorios.

La investigación difundida por LA REPUBLICA implicó que un militar, testigo presencial del arribo del segundo vuelo, aceptara hablar luego de veinticinco años de recordar como una pesadilla la llegada de una quincena de personas encapuchadas que descendían del vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) procedente del oeste.

En un informe publicado el lunes 2 de setiembre de 2002, la nueva fuente confirmó que en la madrugada del 5 de octubre de 1976 vio llegar el avión que aparcó junto al hangar de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento (BMA) de la Fuerza Aérea en el Aeropuerto de Carrasco y que los civiles fueron subidos a camiones del Ejército para ser trasladado con rumbo desconocido.

La fuente militar indicó que el vuelo era piloteado por el mayor Walter Pintos, el copiloto era capitán José Pedro Malaquín (comandante en jefe de la FAU del gobierno de Batlle en el momento de la publicación) y el tripulante el capitán Daniel Muñoz. El operativo había sido coordinado por el coronel (av.) Uruguay Araújo Umpierrez, el director de la Fuerza Aérea en el SID en el año 1976.

La investigación de LA REPUBLICA, ampliada y reiterada durante los últimos tres años, que no había sido incluida ni siquiera como un dato que “no fue posible confirmar” dentro del informe final de la Comisión para la Paz, fue finalmente corroborada por el informe interno que la Fuerza Aérea Uruguaya le entregó al gobierno de Tabaré Vázquez”.

Hasta aquí la nota de Roger Rodríguez.

Como recordará el lector, el informe de la Fuerza Aérea da cuenta del vuelo, pero no especifica cuántos detenidos arribaron en él ni qué ocurrió con ellos.

(Continuará)

Nota: Durante las investigaciones periodísticas que se relatan en esta crónica fue muy relevante y sacrificada la acción profesional de los periodistas Néstor Curbelo, Ivonne Trías y Ricardo Púa.

 

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Gerardo Bleier

Gerardo Bleier

Gerardo Bleier nació el 26 de noviembre de 1960. Escritor, Periodista y Asesor en Comunicación Estratégica. Dirigió revistas, radios y programas de televisión. Publico varios libros de poesía entre ellos Ideanimas (Arca) y Cenizas (Artefato) y una novela Cráneo de Vaca (Cruz del Sur). http://gerardobleier.blogspot.com/

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