la extensión de 50 a 70 años del tiempo de vigencia del derecho de autor sobre sus obras artísticas

50 o 70 manzanas en los cajones de parlamentarios

De derechos y de años

Hace un tiempo en una movida conjunta de los representantes de la cultura uruguaya, se reclamó a los políticos que trataran un tema específico que los preocupaba de sobremanera: la extensión de 50 a 70 años del tiempo de vigencia del derecho de autor sobre sus obras artísticas. En ese marco los principales actores interesados (más allá de artistas con nombre y apellido) son la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes (Sudei), la Cámara Uruguaya del Disco (CUD), y la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), quienes demostraron concretamente la preocupación y la propuesta de cambio a varios legisladores.

La legislación que rige hoy día en el país, es del año 1937 y prevé que los autores mantengan los derechos sobre sus obras durante toda su vida. Pero, a su vez, existen los derechos conexos, que son los que derivan del de los autores: los de los intérpretes y los de las discográficas, que cobran regalías hasta 50 años después de la primera edición de las canciones. Para ejemplificar, la canción Las Manzanas de Ruben Rada, ya cumplió 50 años este mes, por lo que aunque su autoría sigue perteneciendo a Rada, no es así en cuanto a lo económico. Rada seguirá cobrando como autor, pero ya no como intérprete, tampoco cobrarán el resto de los músicos que participaron ni Sondor, que es la discográfica que lo editó.

Esta situación no sólo se da con Rada y la canción mencionada, sino con otros artistas como Los Olimareños, Washington Carrasco, y más, quienes ya perdieron el control de los derechos de algunas de sus obras. Es por ello que entienden que lo más oportuno y justo es que se extiendan los derechos de 50 a 70 años.

 

En el Palacio

El 14 de febrero de este año el senador del Partido Independiente Pablo Mieres, presentó un proyecto de ley sobre la extensión del plazo de los derechos de autores e intérpretes.

El proyecto de ley solicita que “los derechos establecidos que hubieran pasado al dominio público a la fecha de vigencia de la presente ley y sobre los que no hayan transcurrido setenta años, se restablecerán por el plazo restante hasta cumplir los setenta años de los hechos generadores de los derechos referidos en los mencionados artículos.”

Los motivos de esta extensión, según el legislador y compartiendo con las razones de los artistas, es que el Estado debe proteger esta libertad de creación y sobre todo proteger la obra de los autores estableciendo un marco jurídico que acompañe la  evolución de los tiempos. “La realidad ha indicado que el plazo de 50 consagrado para los derechos vistos, resulta corto y desactualizado, ya que con el aumento de la esperanza de vida, la protección de 50 años es insuficiente; y el aumento a 70 años significaría que los intérpretes seguirán recibiendo remuneración cuando su música suene una vez que se hayan retirado.”

Las legislaciones de los demás países se aggiornaron ante esta realidad. Por ejemplo en Argentina, Brasil, Chile y Europa los derechos conexos se cobran durante 70 años, en Colombia se cobran durante 80, y en México durante 100 años.

 

Conexos

Como bien explica la justificación del proyecto presentado por Mieres, se reconocen al autor dos tipos de derechos: los derechos morales o personales y los derechos patrimoniales o económicos. Los “derechos morales”, son aquellos derechos del autor que tienen que ver con su personalidad; y los “derechos patrimoniales”, son aquellos derechos exclusivos que tiene el autor para explotar su obra y obtener un beneficio económico por ello.

Luego, existen los “derechos conexos” que  protegen los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones. Los derechos referidos, se empezaron a reconocer con el Convenio de Roma (firmado en 1951) como derechos derivados del de los autores: los de los intérpretes y los de las discográficas, que cobrarían regalías hasta 50 años después de la primera edición de las canciones

En nuestro país la Ley No. 9739 de 17 de diciembre de 1937 sobre propiedad literaria y artística, reguló el derecho patrimonial de autores e intérpretes disponiendo que el autor conserva el derecho de propiedad durante toda su vida y sus herederos o legatarios por el término de cincuenta años a partir del deceso del causante; que en las obras anónimas, seudónimas, colectivas, el plazo de duración de los derechos patrimoniales también será de cincuenta años, y que los derechos patrimoniales reconocidos a favor de productores de fonogramas y organismos de radiodifusión serán de cincuenta años a partir del año siguiente al de la publicación en lo que refiere a los fonogramas y a las interpretaciones o ejecuciones grabadas, o de la realización de la actuación o de la emisión de radiodifusión.

 

Polémicas

Igualmente, y a pesar de las razones lógicas que explican artistas, por detrás de esta aparente actualización de la ley, hay una polémica que enfrenta a las discográficas y a los defensores de la “cultura libre” quienes entienden que es correcto que los derechos pasen a dominio público y no queden en manos de algunos actores. Por ejemplo, para el colectivo “Derecho a la cultura”, integrado por artistas, docentes y militantes del software libre, la principal perjudicada con la extensión de los derechos será la ciudadanía, en su derecho de acceder al patrimonio musical de buena parte del siglo XX, dado que se impediría la preservación y la difusión de las grabaciones por parte de museos, archivos y colectivos culturales; poniendo en tela de juicio que las discográficas realicen ese trabajo de reedición de manera seria. En consecuencia este colectivo pretende, al menos,  una instancia de “debate” en cuanto a la medida de extensión.

 

En concreto, el tema está instalado, y en alguno de los varios cajones del Parlamento uruguayo (en un año particular es cierto) ya existe un proyecto específico sobre el tema. Mientras tanto, como el ejemplo de Ruben Rada, cada vez más obras se sus contemporáneos, irán atravesando ese límite arbitrario de los 50 años. Queda, como en muchos otros temas, esperar por la voluntad política para que la ley se actualice.

 

 

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